Zaragoza rechaza la regularización masiva de migrantes y la vincula a un posible "colapso" de los servicios sociales

El Ayuntamiento de Zaragoza ha advertido de un posible "colapso" de los servicios sociales municipales si el Ejecutivo central aprueba la regularización masiva anunciada de inmigrantes, al considerar que generará "una nueva ciudad vulnerable dentro de las ciudades ya existentes" sin financiación adicional del Estado.

Así lo ha afirmado este miércoles la concejala de Políticas Sociales, Marian Orós, quien ha expresado el rechazo del gobierno municipal de Natalia Chueca a la modificación del real decreto 1155/2024 sobre autorizaciones de residencia por arraigo y autorización excepcional única, impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Orós ha informado del envío de una carta al delegado del Gobierno en Aragón en la que solicita datos oficiales y planificación detallada ante una medida que ha calificado de "improvisada, sin memoria económica, sin planificación operativa y sin coordinación con comunidades autónomas ni ayuntamientos".

Según la consejera, no existe una cifra oficial de personas que podrían acogerse al proceso, ya que se manejan estimaciones que oscilan entre cientos de miles y más de dos millones en el conjunto del país si se incluye la reagrupación familiar. En Aragón, las cifras trasladadas de manera informal a entidades sociales sitúan el número entre 12.000 y 15.000 personas.

El Gobierno municipal sostiene que la medida supondría una “transferencia encubierta de costes” a las entidades locales. Orós ha señalado que, en estos momentos, el 80 % de las personas sin hogar en Zaragoza son inmigrantes y de ellas el 93 % se encuentra en situación irregular, según un estudio municipal realizado con la colaboración de Cruz Roja.

A su juicio, la regularización incrementaría la "presión" sobre los servicios sociales, la vivienda, los recursos de inclusión sociolaboral y la atención jurídica, además de provocar una “avalancha administrativa” en los centros municipales por la emisión de informes de vulnerabilidad.

En la carta remitida al delegado del Gobierno, el ayuntamiento ha solicitado información desglosada sobre el número estimado de beneficiarios en Zaragoza, los refuerzos de personal previstos en Extranjería y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la memoria económica de la medida y la financiación adicional que se transferirá al municipio.

Orós también ha advertido de dificultades técnicas, como la obtención de antecedentes penales en los países de origen o la falta de claridad sobre determinados supuestos, y ha considerado insuficiente el plazo previsto -de abril a junio de 2026- para tramitar un proceso de esa magnitud sin generar errores o saturación.

El Gobierno municipal ha reiterado que defiende una política migratoria "ordenada y con seguridad jurídica", pero ha rechazado lo que considera "improvisación y transferencia de costes sin financiación", al entender que "regularizar sin planificación es generar frustración futura y riesgo de colapso para los municipios".