Esto es lo que dice el informe jurídico al que se agarra Natalia Chueca para limitar aún más los efectos de la Zona de Bajas Emisiones

Siete páginas. Esa es la extensión del informe jurídico encargado por la alcaldesa, Natalia Chueca, y que le sirvió este miércoles para llegar a un acuerdo con Vox para aprobar los presupuestos de Zaragoza para 2026. El documento, elaborado por los servicios especializados del ayuntamiento, concluye que ligar las restricciones de la Zona de Bajas Emisiones a episodios de alta contaminación sigue cumpliendo con la normativa estatal y, por tanto, no pone en riesgo las ayudas que recibe el consistorio para bonificar el precio del transporte público.

A esto es a lo que se agarra la alcaldesa para plegarse ante la exigencia de Vox que pedía dejar sin efecto el régimen sancionador de la Zona de Bajas Emisiones. Sin embargo, Chueca siempre puso su límite en el cumplimiento de la ley que obliga a las ciuades de más de 50.000 habitantes a tener una ZBE, que además es una de las condiciones para recibir ayudas para bonificar ayudas al transporte.

Por eso, para poder tomar una decisión, la alcaldesa encargó el lunes este informe, un documento que recibió este mismo miércoles, motivo por el que se cerró el acuerdo con Vox. El texto concluye: "Entendemos que las restricciones de acceso y circulación de vehículos tienen como finalidad última el cumplimiento de los objetivos antes señalados, entre ellos y uno de los más importantes la calidad del aire, por lo que no encontramos inconveniente legal alguno a que se vincule su activación a episodios de contaminación mediante sistemas de alerta sin que tengan que tener estas restricciones carácter fijo y permanente".

El informe

Previamente, lo que hace el informe es desgranar tanto la normativa que obliga a las ciudades a implantar zonas de bajas emisiones como los requisitos para recibir ayudas que permiten bonificar, en un 20% el precio del billete del bus y el tranvía. En la actualidad, la ordenanza de regula la ZBE ya es bastante permisiva y los funcionarios se limitan a pedir que. de cara a "cualquier modificación" de ese texto, el cambio se ajuste "como no puede ser de otro modo, a estos requerimientos legales".

Entre los requisitos que deben cumplirse, según dice la normativa estatal y según recoge el informe jurídico municipal, están la creación de una norma municial vigente que delimite la ZBE y su regulación y que existan restricciones de acceso y circulación, que exista un sistema de control de accesos y seguimiento; y que exista un régimen sancionador activo, "quedando excluido para esta consideración el sistema de avisos que pudiera haberse contemplado previamente". Es este punto el que Zaragoza asegura que sigue cumpliendo a pesar de que solo se limitará la entrada a la zona y, por tanto, solo se aplicará el régimen sancionador, durante episodios de alta contaminación.