Bronca en Aragón por la regularización de migrantes: del "motivo de alegría" al "colapso en Zaragoza"

El plazo para solicitar la regularización extraordinaria de migrantes empieza este jueves para todas aquellas solicitudes en formato online, al tiempo que ya es posible pedir cita previa para hacer el trámite de forma presencial que comenzará la próxima semana. En esta situación se calcula que en Aragón se pueden beneficiar entre 15.000 y 17.000 personas que ya se encuentran viviendo en la comunidad, dado que se requiere una estancia en el país desde finales de 2025. Sin embargo, las comisarías de Policía Nacional, el Ayuntamiento de Zaragoza y otras oficinas de atención de la administración en otros puntos de la comunidad han despertado esta jornada con largas colas de extranjeros tratando de avanzar en los trámites y buscando los documentos que podrían cambiar su situación administrativa.

La concejala de Servicios Sociales, Marián Orós, ha denunciado que este proceso ha producido "es una chapuza y un parche", que se está sufriendo en la capital aragonesa. La popular ha hablado de "efecto llamada" y ha lamentado que son se ha presentado ningún informe sobre el coste que puede tener para los presupuestos municipales. "La inmigración es una oportunidad pero tiene que ser legal, ordenada y vinculada al empleo", ha explicado.

Ante el inicio de este proceso extraordinario de regularización, que se extenderá hasta el mes de junio, las personas que se podrían beneficiar han comenzado a pedir certificados de empadronamiento, así como los informes de vulnerabilidad que se requieren en una de las vías de entrada. Esto ha provocado largas colas en las instancias oficiales, así como la proliferación de asesorías fraudulentas de las que ha alertado los abogados aragoneses.

La concejala ha dicho que se enteró del contenido del real decreto a través del Boletín Oficial del Estado y de los medios de comunicación y ha reprochado que no exista una memoria económica ni criterios claros para su aplicación, sobre todo en lo relativo a la elaboración de informes de vulnerabilidad. Según ha explicado, el teléfono 010, la Casa de las Culturas, los centros de servicios sociales y las juntas de distrito han registrado muchas consultas que no pueden resolverse ante la falta de datos sobre el procedimiento. "Queremos saber qué quiere el Gobierno de España de nosotros y qué pretenden", ha dicho.

También han cargado contra la regularización desde Vox. Una medida que la portavoz en Zaragoza, Eva Torres, ha denunciado que es "consecuencia de la política de puertas abiertas del Gobierno de Pedro Sánchez". Para la representante ultra las largas colas suponen "un colapso en los servicios públicos". Llegando todavía más lejos ha afirmado que el decreto "no solamente es lesivo para Zaragoza, sino para toda España y supone una auténtica guerra contra los españoles y, en este caso, también contra los zaragozanos”.

Por parte del Gobierno de España se defiende la necesidad de la medida por la realidad de los migrantes que ya viven en Aragón. "Son personas que están ya atendiendo a nuestros mayores, trabajando en nuestras residencias, ocupándose de faenas agrícolas, las que reparten nuestra paquetería", han expresado desde la Delegación, recordado que se necesita es "este esfuerzo colectivo de regular su situación" para que tengan permisos de trabajo y residencia.

"Confiamos en que todas las instituciones colaboren en este proceso bueno para todo el país", ha remarcado el delegado Fernando Beltrán, quien ha advertido al PP de que boicotear la regularización "no es boicotear al Gobierno de España, es boicotear las posibilidades de miles de personas, la continuidad de negocios sin trabajadores y una parte del futuro de Aragón".

"Están conviviendo entre nosotros"

El concejal de Zaragoza en Común, Suso Domínguez, ha calificado de "vergüenza" que la derecha esté usando la regularización para cargar contra la normalización administrativa de vecinos "que ya están conviviendo entre nosotros". Por eso ha señalado que el proceso debería ser "motivo de alegría" y ha considerado que se está buscando "confrontar a la sociedad difundiendo datos falsos y mentiras".

Ante el colapso que se ha visto en la puerta del Ayuntamiento de Zaragoza, ha señalado que es "habitual" en otros procesos extraordinarios, como la solicitud de becas o la petición de subvenciones. "El problema no son los migrantes, es que el consistorio no tiene capacidad de planificación ante una situación que debería haberse previsto", ha añadido.

El permiso concedido a través de esta regularización será de un año y autorizará a la persona a vivir y trabajar en España por ese tiempo en cualquier sector. Además, desde el momento en que la solicitud sea admitida a trámite, se proveerá una autorización de trabajo provisional para que se pueda acceder al empleo desde el primer momento.

Un mes después de tener su resolución favorable definitiva, el beneficiario deberá solicitar su Tarjeta de Identificación de Extranjero. El Gobierno ha aclarado que este permiso no autoriza a establecerse ni trabajar en el resto de la Unión Europea.

En el caso de los menores de edad, el proceso concede una autorización de residencia por cinco años y las solicitudes de miembros de una misma unidad de convivencia se podrán gestionar en una misma cita.

Pasado un año, las personas deberán incorporarse a otras figuras ya existentes en el reglamento de extranjería. En algunos casos en los que no se cumplan los requisitos existirán otras vías con otros requisitos como la aportación de un informe de integración emitido por una entidad social. 

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