La ocupación del albergue de Zaragoza está al 99% tras su ampliación
Orós achaca la situación de presión sobre los servicios sociales a la regularización de personas migrantes
Una de las habitaciones del albergue municipal en Zaragoza. / Ayuntamiento de Zaragoza
La consejera municipal de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza, Marián Orós, ha detallado este jueves que la ocupación del albergue municipal se sitúa en torno al 99% tras la ampliación de plazas en más de un centenar para alcanzar las 520 plazas. Se ha dado un cambio en el perfil de las personas atendidas, en su mayoría migrantes en situación vulnerable.
Orós, que ha vinculado esta situación de presión sobre los servicios sociales a la regularización de personas migrantes, al considerar que es "populista y chapucera", ha indicado que el perfil mayoritario es el de origen africano, un 65%, y que hay un elevado número de personas con derecho a protección internacional, que deberían estar siendo atendidas en recursos estatales.
Actualmente, el albergue acoge a 59 personas en esta situación, procedentes principalmente de Mali (40) y Burkina Faso (17), además de Somalia (2). Según los últimos datos oficiales del propio Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el sistema de protección internacional, dependiente del Gobierno de España a través de convenios con entidades sociales, cuenta en Zaragoza con 323 plazas vacantes, el 17% del total, según ha informado el ayuntamiento.
Ha recordado que el ayuntamiento ha invertido 5 millones en la ampliación y reforma del albergue, ha reforzado el personal, ha incrementado los convenios con las entidades sociales que trabajan con personas sin hogar y ha puesto a disposición más pisos tutelados, "pero la sensación es que nada es suficiente".
Ante esta situación, el Ayuntamiento ha solicitado al Gobierno de España la derivación urgente de estas personas a los recursos estatales correspondientes, así como la puesta en marcha de mecanismos de coordinación que eviten que esta situación se repita. "Pedimos que se actúe con la máxima urgencia. La situación administrativa de estas personas no puede ser una excusa para retrasar su acceso a los recursos a los que tienen derecho", ha señalado la consejera.
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