La FABZ rechaza los cambios en las viviendas previstas en los barrios rurales de Zaragoza
Los movimientos vecinales piden la paralización de la modificación del planeamiento urbano que quiere aprobar el consistorio

Imagen de Garrapinillos. / Alcaldía de Garrapinillos / Jorge Buil Aparicio

La Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ) ha presentado alegaciones a la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) TR 24-16, al considerar que "el traslado de edificabilidad de barrios rurales a suelos dentro de la Z-40 puede reducir el crecimiento previsto de estas zonas, debilitar servicios y alterar el modelo territorial", y solicita su paralización.
Como ha explicado en una rueda de prensa la responsable de la Comisión de Modelo de Ciudad de la FABZ, Sara Ballester, la modificación plantea un trasvase de edificabilidad de los barrios rurales a los suelos urbanizables de la ciudad consolidada, tras años sin desarrollo en estos ámbitos.
El documento permite que sectores interiores asuman cesiones de sistemas generales e infraestructuras asignadas a áreas urbanizables de barrios rurales “a cambio de mayor aprovechamiento”, lo que, a su juicio, define ámbitos que posibilitan trasladar densidad y edificabilidad, con "consecuencias irreversibles" para las pedanías.
Desde la Asociación de Vecinos Jerónima Zaporta de La Cartuja Baja, Félix Moreno recuerda que el PGOU de 2001 preveía alrededor de 18.000 viviendas en barrios rurales como San Gregorio, Montañana, Monzalbarba, Venta del Olivar, Botorrita, La Cartuja o Peñaflor, lo que supondría unos 55.000 nuevos habitantes, sin que apenas se haya construido nada, en parte por la crisis inmobiliaria de 2008 y la paralización de juntas de compensación.
Ahora, la modificación podría reducir esas previsiones a unas 5.000 viviendas, por lo que advierte de que “no debería plantearse la modificación como aislada”, ya que afecta a la dotación de equipamientos y servicios de toda la ciudad. En este sentido, considera “imprescindible iniciar un proceso participativo real para evaluar las implicaciones de la modificación y el modelo de barrio que se desea construir”.
También reclama que, si no se suspende, se incluya un informe vinculante de las juntas vecinales para modificar las condiciones de los suelos edificables, al tratarse de “derechos urbanísticos ya reconocidos” que afectan al modelo de desarrollo y de servicios. Moreno ha defendido que la reducción de sectores puede ser positiva, pero ha cuestionado que trasladar edificabilidad al interior de la ciudad promueva vivienda en los barrios rurales, ya que incrementaría la presión en zonas ya consolidadas.
Por su parte, la representante de la asociación vecinal Urdán Montañana, María Luisa López, ha lamentado que en su barrio “en 20 años no se ha construido una sola vivienda”, lo que ha supuesto la pérdida de comercio y población joven. Por ello, ha reclamado que el Ayuntamiento se reúna con los barrios rurales para saber si van a tener vivienda y cuánta, al tiempo que ha advertido de que la redistribución de aprovechamientos “puede debilitar los barrios rurales” si no se garantizan inversiones y servicios.
La FABZ ha solicitado la suspensión de la modificación y ha reclamado que no se presente como una mejora una medida que, a su juicio, puede suponer un perjuicio para los barrios rurales. También defienden incorporar garantías que aseguren un desarrollo progresivo y equilibrado, con servicios, dotaciones e inversiones que refuercen el papel de estos barrios dentro del crecimiento de Zaragoza.
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