La situación del Parque de Atracciones de Zaragoza se cuela en el pleno municipal: "El futuro de los trabajadores pende de un hilo por una adjudicación que hace aguas"

PAZ, la sociedad controlada por la familia Morte y que gestiona el Parque de Atracciones de Zaragoza desde hace medio siglo, ya tiene un administrador concursal, que será el encargado de gestionar, supervisar y liquidar los activos de la empresa. Así, el mismo día que el juzgado designaba a Alfredo Sánchez Rubio, decano del Colegio de Abogados de Zaragoza, para que tomase las riendas, la compleja situación del recinto y sus 81 trabajadores se colaba en el salón de plenos del Ayuntamiento de Zaragoza.

Todo ello, en un momento en el que los Morte forman parte, con un 20%, de la sociedad que asumirá la gestión en los próximos meses, Moncayo Leisure. El 80% restante es del grupo argentino Fenix, que por esta situación será quien se quedará con la concesión del complejo de ocio. Hasta entonces, PAZ sigue siendo la gestora tras aprobar el ayuntamiento una orden de continuidad, en un impasse con mucha incertidumbre para una plantilla en situación de ERTE hasta el próximo 30 de junio y un parque que abre las puertas de forma muy puntual para comuniones, aunque sin poder abrir al público hasta que las atracciones no pasen las inspecciones correspondientes.

En este contexto, Zaragoza en Común ha presentado una moción para instar al Gobierno municipal del PP a que exigiese a los Morte reparar lo que se les ha requerido en los informes técnicos y retirar el ERTE, reanudando la actividad "con todas las garantías" hasta el 3 de noviembre, cuando acaba la actual temporada. Propuesta que ha sido rechazada tras los votos en contra de los populares y la abstención de Vox y la independiente Marisa Gaspar, quienes han puesto en duda la efectividad de dicha moción debido a las competencias municipales.

El primero en intervenir ha sido Juan Leiva, de CCOO, acompañado de varios trabajadores del complejo de ocio. "Su futuro (el de los empleados) pende de un hilo por una adjudicación que desde el papel hasta la realidad hace agua", ha criticado, a lo que ha sumado la "extrema debilidad" de la oferta de Moncayo Leisure. Suso Domínguez, portavoz de ZeC, ha comparado este último proceso con el de Giesa y ha cargado contra los pliegos y las formas del Gobierno municipal, al que ha acusado de "megalomanía". Asimismo, ha recriminado que el nuevo contrato no previese la subrogación de los trabajadores.

En este último punto, Lorén ha asegurado que "no existía esa posibilidad" y ha reivindicado tanto los pliegos -"los más garantistas de la historia"- como las inspecciones que el ayuntamiento ha realizado desde 2019, acusando a la izquierda de "dejación" previa. ZeC, en ese sentido, también había puesto en cuestión algunas partes de la licitación, como el hecho de poner "XX meses" en una de las cláusulas, sin especificar nada más, error que Vox también ha pedido subsanar. La ultraderecha ha terminado absteniéndose al no aceptar ZeC una de sus propuestas de sustitución de uno de los puntos. Por su parte, el concejal socialista Horacio Royo ha acusado de "negligencia" e "inutilidad" al Gobierno del PP, poniendo el foco en las familias afectadas por el ERTE.

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