Zaragoza reclamará al Gobierno los costes laborales del funcionariado municipal por la regularización de inmigrantes

Han pasado ya varios días desde que las largas filas se dejasen notar en la plaza del Pilar, a las puertas del Ayuntamiento de Zaragoza, protagonizadas por inmigrantes que necesitaban realizar una serie de trámites para comenzar con su proceso de regularización, aprobada por el Consejo de Ministros. Ahí, en el corazón de la capital aragonesa, es donde el Gobierno municipal del PP decidió centralizar, en dos ventanillas, las solicitudes de los certificados de empadronamiento y las citas previas para los informes de vulnerabilidad, que desde el 27 de abril se emiten desde la Casa de las Culturas. Desde ese día, el consistorio ha elaborado cerca de un millar, 959, y pedirá al Gobierno de España que sufrague, entre otras cosas, los costes laborales del procedimiento.

Así lo ha aprobado este viernes el gabinete de Natalia Chueca, tal y como ha trasladado la concejala de Políticas Sociales, Marian Orós. La edil popular ha explicado que el Gobierno municipal ha decidido "iniciar los procedimientos e impulsar las acciones legales procedentes para reclamar al Gobierno de España el reconocimiento del derecho del ayuntamiento a ser indemnizado como consecuencia de los gastos extraordinarios ocasionados por la aplicación del real decreto sobre derechos y libertades de los extranjeros".

En ese sentido, en la Casa de las Culturas trabajan actualmente 15 técnicos, en turnos de mañana y tarde: ocho trabajadores sociales, seis auxiliares y un coordinador. Además, se ha habilitado la línea 900 para solicitar citas previas (se han asignado 3.164 hasta la primera semana de junio). Los costes laborales de estos empleados públicos, que no son personal extra sino funcionarios de la casa que han sido redistribuidos, son los que se reclamarán a Moncloa. El cómputo todavía no se ha realizado, aunque una de las posibilidades es emitir una primera memoria al ministerio a finales de mayo.

De hecho, Orós ha reconocido en rueda de prensa que sobre esas fechas se decidirá, en función de las citas que todavía falten por atenderse, si es necesario reforzar el personal de la Casa de las Culturas o habilitar otros espacios más allá de este equipamiento. Fuentes municipales explican que, en el caso de los inmigrantes que ya tenían un expediente en los servicios sociales locales, la emisión de informes de vulnerabilidad está siendo casi instantánea. Los que, por contra, no contaban con uno, siguen un procedimiento que consiste en abrirles un expediente y hacerles una entrevista personalizada con los técnicos, bajo una declaración responsable del interesado, para determinar si cumplen o no con los requisitos.

Las tasas

Según defienden desde el consistorio, lo "lógico" hubiese sido acompañar este decreto con una memoria económica y una dotación extraordinaria. "Estamos cansados del yo invito y tú pagas", ha criticado Orós al respecto, quien ha asegurado que el Ejecutivo central va a recaudar, mediante tasas, cerca de 20 millones de euros si se regulariza a 500.000 inmigrantes y 40 millones si esa cifra llega al millón de personas.

Asimismo, desde el ayuntamiento suscriben que han actuado con celeridad en la organización del dispositivo pese al "caos" del que acusan al Gobierno de Sánchez de haber causado. Un caos que desde la oposición se achaca a esa organización, debido a esa centralización en la plaza del Pilar, sin habilitar, por ejemplo, las juntas de distrito, que están también capacitadas para este tipo de procedimientos, que también están llevando a cabo de forma altruista las entidades sociales.

Suscríbete para seguir leyendo