La Cámara de Cuentas constata que la operación Romareda sería inviable sin dinero público e imputa gastos no contemplados hasta ahora
El organismo fiscalizador eleva el coste total de la operación en 173 millones al incluir, entre otras cuestiones, exenciones fiscales de impuestos perdonados

Natalia Chueca, Jorge Azcón y Jorge Mas, el día en el que se constituyó la sociedad Nueva Romareda. / Jaime Galindo

Tirón de orejas de la Cámara de Cuentas a los gestores de La Nueva Romareda SL y, por ende, al Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza, que según queda claro en el último informe del órgano fiscalizador, son las dos instituciones que manejan los hilos de un proyecto, el de la construcción de un nuevo campo de fútbol en la capital aragonesa, que se diseñó de inicio para que se hiciera cargo una entidad privada como lo es el Real Zaragoza y que según se ha constatado, ahora resultaría inviable sin el dinero de todos, el dinero público.
"La viabilidad de la empresa está garantizada en la actualidad por la aportación de los dos socios públicos (DGA y ayuntamiento)", reza el informe de la Cámara de Cuentas, que analiza los números de la sociedad correspondientes al ejercicio de 2024. El documento concluye que no existen, o por lo menos no se detectan, irregularidades en la gestión de la Nueva Romareda SL, pero sí que advierten los técnicos "salvedades por incorrecciones contables" y ciertas prácticas en los modos de operar que este órgano pide corregir.
Así, a lo largo de las 96 páginas del informe se constata una y otra vez que la viabilidad del proyecto se debe casi en exclusiva a los dos socios públicos. El análisis financiero de la gestión de la sociedad, por ejemplo, "ofrece resultados favorables", pero se debe "en parte gracias a que la ausencia de aportaciones por parte del socio privado (el Zaragoza no pagó lo que tenía que haber puesto en 2024) ha sido compensada mediante fondos públicos". Y según advierte la Cámara de Cuentas, esa dependencia del dinero público no podría ir sino a más: "Resulta pertinente advertir que la posibilidad de que la financiación pública adquiera un peso aún mayor en el futuro".
Polémica
El documento ha levantado una polvareda tanto en el Ayuntamiento de Zaragoza como en las Cortes de Aragón puesto que pone en cuestión alguna los argumentos tanto de Natalia Chueca como de Jorge Azcón a lo largo de todo este tiempo. Entre otras cuestiones, la Cámara de Cuentas "eleva" el coste de la operación hasta los 173 millones de euros, si bien los responsables políticos del proyecto hace días que no hablan de cifras globales, sabedores de que todavía queda camino por recorrer y que no es fácil delimitar qué paga cada una de las partes en la operación Romareda.
Pero eso es lo que ha hecho la Cámara de Cuentas que, entre otras cuestiones, computa como gasto los 4,8 millones que la sociedad Nueva Romareda debería pagar de ICIO (Impuesto de Construcciones) al ayuntamiento. El informe repara en que ese tributo será bodificado, pero concluye que tiene que contar a la hora de calcular el coste total de la operación, ya que es un dinero que el consistorio dejará de cobrar y, por tanto, aunque no sea un gasto, representa una aminoración de ingresos para las arcas públicas.
En este mismo sentido, la Cámara de Cuentas argumenta que existen costes de la operación que no los ha asumido la sociedad Nueva Romareda cuando sí que deberían de computarse. Ejemplo de ello es la inversión que realizó el Gobierno de Aragón para urbanizar la parcela del Parking Norte en la que se construyó después el Ibercaja Estadio (unos dos millones de euros ) o el dinero que se gastará el Ayuntamiento de Zaragoza en acondicionar todo el entorno del nuevo estadio, una obra que asume el consistorio y que todavía no está adjudicada pero cuyo precio se irá, previsiblemente, por encima de los tres millones de euros, aunque todo dependerá de las ofertas que lleguen por parte de las empresas interesadas en el contrato.
Asumir todos los costes
Así, sobre esta cuestión, la Cámara de Cuentas se muestra tajante pese a las alegaciones realizadas por ambas administraciones, que justificaron que se trata de gastos que hubieran podido asumir con independencia del proyecto para construir un nuevo estadio de fútbol en la ciudad. A esto, el órgano fiscalizador responde: "Todos los costes que supongan estas operaciones son costes del proyecto y deben tenerse en cuenta para su correcta y total cuantificación". De ahí que el informe pida que, en un futuro, sea la sociedad Nueva Romareda la que introduzca estos gastos en su información contable.
La Cámara de Cuentas también afea, por ejemplo, que sea el Gobierno de Aragón y no la sociedad la que, al menos hasta fecha de junio de 2025, asumiera el pago de las facturas de la luz de la parcela del estadio modular, si bien entonces el Ibercaja Estadio no estaba ni acabado. También cuestiona el órgano fiscalizador que la sociedad Nueva Romareda no haya cobrado ni un euro (y que ni siquiera lo hubiera previsto) al Real Zaragoza en concepto de canon por jugar en la vieja Romareda, que siguió en uso hasta un año y medio después tras la constitución de la SL en la que están presentes el club, la DGA y el ayuntamiento.
Asimismo, el órgano critica algunas modificaciones en proyectos contratados que considera que no están suficientemente justificados y que supusieron, entre otras cuestiones, retrasos y ampliaciones de plazo, como los cambios que se introdujeron en el proyecto del estadio modular (la eliminación de la cubierta). Así, por esta y otras cuestiones, la Cámara de Cuentas emite hasta nueve recomendaciones en la gestión de la sociedad, si bien es el impacto que va a tener este informe en la agenda y la opinión pública lo que más pesa, por el momento, en el proyecto de la operación Romareda, ese proyecto que, un día, iba a pagar el Real Zaragoza enteramente.
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