Fernando Beltrán responde al Ayuntamiento de Zaragoza sobre la regularización: "No entiendo la osadía que han tenido"

Faltan 50 días para que culmine el proceso de regularización extraordinario de migrantes. Tras el atasco de las primeras jornadas, en este momento el mayor problema al que se están enfrentando es a la solicitud de citas previas y al posible colapso cuando se cumpla la fecha límite. Por este motivo, el delegado del Gobierno de España en Aragón, Fernando Beltrán, han señalado que se estudiarán los procesos que están fallando y que se busca "perfeccionar" el proceso. Por este motivo ha mantenido este martes un encuentro con entidades sociales y organizaciones colaboradoras con el registro de acogida. "Estamos ante un proceso beneficioso que va a beneficiar a personas que ya están trabajando y viviendo con nosotros", ha señalado. Lo que se busca es "dar derechos" para que tengan una vida digna, incorporando a estas personas a la convivencia.

Ante la polémica con el Ayuntamiento de Zaragoza, que ha visto "más artificial que real", ha lamentado que no se esté colaborando como se realice en otras situaciones, puesto que desde el consistorio se han reclamado los costes laborales de la regularización. "Cuando se monta una gran fiesta en la ciudad al Gobierno de España no se le ocurre pasar la factura de la Policía Nacional que vigila la celebración", ha ironizado el delegado. "Ni se nos pasa por la cabeza, no entiendo la osadía que han tenido, pues lo que realmente están haciendo es atender a zaragozanos y personas que están empadronadas en Zaragoza", ha manifestado. "Me parece algo completamente disparatado", ha zanjado.

La alcaldesa Natalia Chueca ha considerado que esta respuesta es "una falta de respeto institucional". En su opinión, el traspaso de competencias del Gobierno de España a otras administraciones a través de un decreto ley debería ir acompañado de su correspondiente aportación económica. "Me parece un abuso", ha afirmado al considerar que se debe hacer cargo por ley. Ha considerado que está siendo "un maltrato" a las administraciones locales. Ha calificado que la regularización es "precipitada y descontrolada", afectando a todas las ciudades. Por eso ha avanzado que estudirán "todas las medidas legales" que estén en sus manos para que la situación "no quede así".

En todo caso, Beltrán ha desacado antes de la reunión con las entidades sociales que el proceso es beneficioso para integrar a a todas las personas que llegan a España "con el ánimo de trabajar y de mandar dinero a sus familias donde quiera que estén". Además, ha defendido el proyecto en términos económicos, buscando rebatir bulos sobre las supuestas pagas que reciben las personas recién llegadas. Así, ha señalado que en el último proceso extraordinario se constató que los migrantes regulados realizaron, de media, una aportación fiscal de 4.400 euros anuales por personas. "Esto incrementa la hucha de las pensiones y la Seguridad Social, siendo personas que además no producen un gran gasto en términos sanitarios", ha considerado.

Por otro lado, ha recordado que lo que se regula es un permiso de trabajo y residencia para España, algo que no concede la nacionalidad ni da derecho inmediato para viajar a otros países de Europa. "Todos estos bulos están haciendo que el proceso se complique, pues la sociedad lo ve como un proceso de complejidades a pesar de que realmente es un avance", ha señalado Beltrán.

Desde la Delegación se ha reconocido que se han producido "dudas" en las jornadas iniciales, pero en la actualidad defiende que todo está discurriendo por los cauces previstos. "Las entidades están haciendo un trabajo formidable ayudando a todas las personas que tienen dudas", ha explicado. Por otro lado, ha considerado que el pico de solicitudes ya ha pasado y que los meses que restan las peticiones serán estables. Con todo, no se descarta que se puedan conceder más días para rematar expedientes que puedan quedar atascados. De hecho, en la recta final podría volver las imágenes de grandes colas frente a las administraciones públicas.

En Aragón no existe una estimación sobre las personas que han iniciado el proceso hasta el momento. "Existen muchos trámites diferentes", señala Beltrán al manifestar que no se puede estableces una correlación entre las atenciones y los expedientes completos y los provisionales. En todo caso, se calcula que han sido unas 200.000 las solicitudes ya terminadas en España.

En representación de OSTA y de la Asociación Nicaragua Libre, Scarleth Castillo ha señalado que lo que más demandan los solicitantes es información y acompañamiento, lamentando que "la gente se ha visto muy afectada por los bulos". La regularización "es un proceso que va a devolver la dignidad a todas las personas que ya están trabajando aquí", ha destacado Castillo.

Las 18 entidades sociales ayudan a los migrantes a registrar sus solicitudes y asisten a gente que hablan poco el español o desconocen Internet, también personas con niveles muy bajos de estudios. La mayoría de las personas que atienden estas entidades, ha dicho Castillo, son venezolanos, marroquíes, hondureños y nicaragüenses.

Se ha quejado de que en algunos países, como Nicaragua, "están tardando mucho en agilizar los trámites en origen" y hay "cierta calma" con los certificados de antecedentes penales, mientras que la solicitud del certificado de empadronamiento y de vulnerabilidad va a ahora "a buen ritmo".

Por su parte, el director adjunto territorial de ACCEM en Aragón y Navarra, Carlos Vela, ha indicado a los medios que las solicitudes "no han desbordado" a esta entidad, que estaba preparada para prestar la atención a este colectivo. No todos los solicitantes necesitan el certificado de vulnerabilidad, ha continuado Vela, quien por otra parte ha informado de que ACCEM ha dado prioridad a los solicitantes de asilo que ya estaban en su programa. "Una de las cuestiones por las que se permite precisamente la regularización es que las familias en un único momento puedan prestar la solicitud o presentar la solicitud al mismo tiempo", ha concluido.

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