Zaragoza ya ha entregado más de mil de informes de vulnerabilidad para la regularización extraordinaria

La bronca política preside el proceso de regularización de migrantes en Aragón. El enfrentamiento por los costes burocráticos de la medida ha provocado un duro cruce de acusaciones entre la Delegación del Gobierno y el Ayuntamiento de Zaragoza. Sin embargo, por debajo de la escenificación partidista la capital aragonesa está trabajando en la emisión de los certificados de vulnerabilidad que muchos migrantes necesitan para acceder al permiso de residencia. Así, en la Casa de las Culturas, el espacio que centraliza el trámite, hasta la pasada semana ya se habían facilitado 1.024 justificantes.

La ventanilla única habilitada por el consistorio zaragozano realizó la pasada semana 576 informes, una cifra que esperan aumentar en un 44% a lo largo de esta semana, pues está previsto llegar al viernes con 828 expedientes tramitados. Para lograrlo, desde la Casa de las Culturas confían en "ajustar horarios y afinar las citas", puesto que en estos primeros días de actividad han notado que muchas personas no se presentan a la hora a la que han sido convocados por haber logrado asesoría con otras entidades sociales.

Desde el Gobierno de España se espera la regularización de unas 17.000 personas en Aragón de las 500.000 previstas en todo el territorio nacional. Desde las entidades, que este martes han mantenido un encuentro de coordinación en la Delegación del Gobierno, señalan que ya no se producen atascos para la solicitud de citas, algo que confirman desde el Ayuntamiento de Zaragoza. Por el momento todo el que ha pedido ser atendido presencialmente en la capital aragonesa tiene un hueco asignado. Por eso, desde entidades como la asociación Nicaragua Libre advierten a los solicitantes que no hagan ningún pago para afrontar el proceso de regulación.

En espacios como la Casa de las Culturas o las oficinas de Correos o de la Seguridad Social se ofrece asesoría directa y gratuita. Además, en Aragón existen 18 entidades sociales que colaboran de forma oficial con las instituciones ayudando a los migrantes a registrar sus solicitudes, asistiendo a la gente que habla poco el español o que desconocen Internet, así como a las personas con niveles muy bajos de estudios. En todos estos casos se ha detectado que tienen problemas para rellenar los formularios o a la hora de entender los requisitos que se solicitan, por lo que se busca solventar dudas jurídicas y otras inquietudes. De hecho, los colegios de abogados y otros profesionales especializados en extranjería también se han implicado en la regulación.

En los puntos de atención, según han destacado las entidades sociales la mayoría de consultas han sido procedentes de ciudadanos venezolanos, pero también hondureños, nicaragüenses y marroquíes y de otros países de África, mientras que las mayores trabas en la obtención de la documentación sobre antecedentes penales en origen se están dando en Nicaragua.

Horario continuado

En la Casa de las Culturas, de cara a las próximas semanas, la atención se mantendrá entre las ocho de mañana y las ocho de la tarde en horario continuado con un equipo de 15 profesionales, entre trabajadores sociales y personal administrativo, reforzado desde el inicio del proceso con la colaboración de los centros municipales de servicios sociales para contrastar la información. El plazo para la presentación de documentación concluye el 30 de junio, aunque no se descarta que pueda ampliarse para rematar aquellos expedientes que puedan quedarse atascados.

En estas semanas, las entidades sociales también han recordado que no todos los solicitantes necesitan el certificado de vulnerabilidad. Además, la solicitud no es necesaria para las personas que están avanzando en otro tipo de procesos de regulación, como pueda ser el arraigo o la protección internacional.

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