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Los vecinos de Aloy Sala recurrirán al Parlamento Europeo tras el archivo penal de la denuncia por los fondos Next Generation

El Colectivo Vecinal Bruil-Aloy Sala-Tenerías sostiene que la decisión de la Fiscalía Europea “no supone un aval” a la gestión del Ayuntamiento de Zaragoza y del Gobierno de Aragón, y mantiene que el barrio ha quedado partido por el recorte del proyecto inicial

Edifico incluido en la rehabilitación de Aloy Sala en la fase 1.

Edifico incluido en la rehabilitación de Aloy Sala en la fase 1. / JOSEMA MOLINA

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El Periódico de Aragón

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Zaragoza

El Colectivo Vecinal Bruil-Aloy Sala-Tenerías recurrirá a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo después de que la Fiscalía Europea haya archivado la denuncia presentada por presunto fraude en la gestión de los fondos Next Generation destinados a la rehabilitación del barrio zaragozano de Aloy Sala, en el entorno de Tenerías.

Según ha informado la propia entidad vecinal en una nota de prensa, la Fiscalía Europea ha decidido no continuar por la vía penal al no apreciar evidencias suficientes de delito. No obstante, los vecinos afectados subrayan que este archivo “no supone en ningún caso un aval a la gestión política y técnica realizada por el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón”. La resolución, añaden, se habría dictado “sin perjuicio de las acciones que quepa emprender en la vía administrativa”, extremo en el que el colectivo apoya ahora sus próximos pasos.

La asociación insiste en que el cierre de la vía penal no despeja, a su juicio, las dudas sobre la gestión del proyecto. “El hecho de que la Fiscalía Europea no haya apreciado delito penal no significa que se haya gestionado bien”, sostiene el colectivo, que habla de “mala administración” y denuncia que el recorte del plan ha dejado fuera del proyecto integral a “504 familias”, alrededor del 70% de las viviendas inicialmente previstas.

709 viviendas

Los vecinos recuerdan que, para poder optar a las ayudas europeas, las comunidades tuvieron que convocar asambleas, aprobar su participación y asumir gastos vinculados a proyectos y documentación técnica. Según su versión, todo ello se hizo bajo la expectativa de un plan integral de rehabilitación de 709 viviendas y de regeneración urbana del barrio. El colectivo considera que esa actuación administrativa generó una “confianza legítima” que después se habría quebrado al reducirse el alcance de las actuaciones.

La denuncia vecinal se enmarca en un conflicto que arrastra desde hace meses este conjunto de bloques sindicales de los años 50 y 60. El Ayuntamiento de Zaragoza solicitó fondos europeos para rehabilitar varios Conjuntos Urbanos de Interés, entre ellos Aloy Sala, con actuaciones dirigidas a mejorar la eficiencia energética y facilitar la instalación de ascensores en una zona con población envejecida. Sin embargo, el proyecto inicial acabó ejecutándose solo parcialmente, después de que el consistorio alegara que no habían llegado fondos suficientes para acometer la totalidad de las fases previstas.

El asunto llegó a la Fiscalía Europea a instancias de un ciudadano, amparado por el Colectivo Vecinal Parque Bruil. La investigación se abrió por un presunto delito de fraude de subvenciones y malversación, aunque el decreto conocido ahora archiva la vía penal. Desde el Gobierno municipal del PP ya defendieron en su momento que habían informado de las novedades relativas a las ayudas y que la imposibilidad de ejecutar el plan completo se debía a la falta de financiación suficiente procedente de Bruselas.

Pese al archivo, el colectivo vecinal anuncia que prepara un nuevo escrito ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para rebatir las conclusiones del informe del Ministerio de Vivienda en las que, según los vecinos, se habría apoyado la Fiscalía. La entidad asegura que incorporará nueva documentación sobre la ejecución del proyecto, el “agravio económico y fiscal” que, a su juicio, sufren los propietarios excluidos, y las “deficiencias técnicas” del nuevo proyecto.

La prioridad de los vecinos, según explican, será ahora buscar una vía de “reparación”. En concreto, pedirán a la comisión parlamentaria que inste a las autoridades españolas a encontrar financiación adicional, ya sea propia o europea, para completar la rehabilitación del barrio con los mismos criterios que —sostienen— se prometieron en 2022. “No vamos a permitir que el CUI Aloy Sala se convierta en un barrio de dos velocidades por una desidia administrativa”, concluye el colectivo en su comunicado.

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