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¿Cuál será la multa por mear en la calle en Zaragoza? ¿Y por vender clínex o hacer malabarismos en un semáforo?

El texto elaborado por el ayuntamiento de Natalia Chueca inicia ahora un periodo de exposición pública de 30 días para recoger aportaciones de grupos municipales, vecinos y colectivos

Una persona pide limosna entre los coches de Zaragoza en una imagen de archivo.

Una persona pide limosna entre los coches de Zaragoza en una imagen de archivo. / El Periódico de Aragón

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David Chic

David Chic

Zaragoza

La polémica por la futura ordenanza cívica de Zaragoza se mantiene en la capital aragonesa. Las entidades sociales temen que sirva para criminalizar la pobreza mientras algunas entidades vecinales defienden que permitirá poner coto a los comportamientos incívicos. Según está establecido el texto establece un régimen sancionador dividido en infracciones leves, graves y muy graves, al tiempo que se obligará a reparar los daños ocasionados en el patrimonio público. Las sanciones leves oscilarán entre 500 y 750 euros; las graves, entre 751 y 1.500 euros; y las muy graves, entre 1.500 y 3.000 euros.

Entre las infracciones muy graves figuran los actos vandálicos que causen daños en infraestructuras municipales, mobiliario urbano o instalaciones públicas, así como los grafitis realizados con materiales agresivos que deterioren de forma permanente las superficies. En esta horquilla de sanción, se incluye la polémica prohibición de pernoctar en parques o jardines, así como la venta ambulante sin previa autorización.

También se considerarán muy graves el vertido incontrolado de residuos, la organización de eventos multitudinarios ilegales, la quema de contenedores y el uso “indiscriminado y excluyente” de césped, zonas verdes y vía pública.

Como suele suceder con las disposiciones administrativas, las sanciones tendrán diferentes grados siempre que no concurra circunstancia alguna que agrave la responsabilidad del infractor. También se valorará la existencia de intencionalidad o la trascendencia del acto.

En el apartado de infracciones graves se incluyen los botellones en parques y plazas, los servicios sexuales retribuidos en espacios públicos, las despedidas de soltero “incívicas” con alboroto, el uso de diademas con penes y la exhibición de otras representaciones de genitales o caminar por la calle con altavoces, así como el deterioro de fuentes y mobiliario urbano.

Asimismo, se sancionará la colocación de pancartas o carteles sin licencia municipal en bienes catalogados de interés cultural o arquitectónico y las conductas de quienes transiten por la calle “gritando, humillando o insultando” a otras personas. La misma consideración grave tiene "solicitar y ofrecer" servicios sexuales retribuidos en la calle.

Las infracciones leves abarcan conductas como orinar, defecar o escupir en la vía pública, no recoger los excrementos de las mascotas o no limpiar sus orines, arrojar colillas o chicles al suelo, manipular contenedores, robar plantas, partir árboles o abandonar bicicletas y patinetes en la calle. En esta caso la sanción puede aumentar hasta los 500 euros dependiendo del contexto en el que se produzca.

En este apartado queda prohibido el ofrecimiento de servicios o productos "de manera persistente o intimidatoria", siempre que no hayan sido demandados por el usuario, tales como tarot, videncia, espectáculos circenses o de malabarismos, indicaciones de aparcamiento, ordenación y vigilancia de vehículos, limpieza de parabrisas, venta de pañuelos, mecheros u otros análogos, en vías o espacios públicos a personas que se encuentren en el interior de vehículos privados o públicos, a cambio de una cantidad de dinero o donativo.

La ordenanza incorpora además una medida sobre el acceso a equipamientos municipales, donde no estará permitido entrar con el rostro oculto o elementos que dificulten la identificación visual, como pasamontañas, cascos de moto, burka o prendas que cubran completamente la cara.

El texto inicia ahora un periodo de exposición pública de 30 días para recoger aportaciones de grupos municipales, vecinos y colectivos, con el objetivo de que pueda aprobarse de manera definitiva antes del debate sobre el estado de la ciudad previsto para julio. 

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