Zaragoza prepara su gran despliegue de videovigilancia: estos son los barrios que irán primero

La seguridad ciudadana se ha convertido en una prioridad para el Gobierno de Zaragoza, que trabaja en un contrato marco para ampliar la videovigilancia a todos los distritos de la capital. Sin ser Zaragoza una ciudad con una alta conflictividad, el ayuntamiento tiene previsto destinar en los próximos cuatro años 1,5 millones de euros a la adquisición e instalación de más de un centenar de dispositivos en las zonas más problemáticas, y lo hará con dos objetivos principales, identificar a los individuos implicados en los altercados y convertirse en un potente método disuasorio.

La concejalía de Presidencia lleva meses trabajando en este proyecto, que parte de una importante premisa: en ningún caso se vulnerarán los derechos de privacidad de los ciudadanos. Es más, las grabaciones no pueden verse salvo que haya una orden judicial que así lo solicite para esclarecer un hecho delictivo. En caso contrario, las imágenes quedarán almacenadas en la nube.

Smart cities

Las smart cities utilizan la videovigilancia con cámaras conectadas —IoT— e inteligencia artificial —IA— para mejorar la seguridad, gestionar el tráfico y optimizar servicios urbanos en tiempo real. Actualmente, la capital dispone de 44 dispositivos de videovigilancia instalados en cinco zonas de la ciudad —las más conflictivas—, a los que se suman las 13 cámaras de conteo de aforos de la plaza del Pilar, las 84 utilizadas por Movilidad para controlar el tráfico y las 49 instaladas en las fachadas exteriores de los edificios municipales, como la Casa Consistorial, el Seminario o el albergue. Las instalaciones públicas, además, disponen de vigilancia en sus interiores. Por ejemplo, solo en el edificio Seminario hay un centenar.

No son las únicas adquisiciones del ayuntamiento, que en los últimos años ha apostado por las cámaras unipersonales que portan los agentes de la Policía Local, con 720 dispositivos. Para hacerse una idea de la magnitud, en España hay 2.600 dispositivos autorizados de este tipo y el 28% los utilizan los agentes locales de Zaragoza. Desde el Gobierno de Natalia Chueca defienden que garantizan transparencia en las intervenciones, tanto para el agente como para la persona intervenida.

Barrio a barrio

Por barrios, en Pignatelli-Zamoray hay cuatro cámaras instaladas tras la autorización de la Delegación del Gobierno en Aragón. Hay otras ocho en la zona de San Pablo, dos en el barrio Oliver, seis en la calle Delicias —principalmente en la zona del Jardín Vertical— y 24 en el entorno de Doctor Cerrada, que incluye las calles Ricla, Dato, Fita y Princesa, así como las zonas de Cortes de Aragón y Doctor Cerrada, donde se impulsó un proyecto piloto.

El número crecerá en los próximos meses, puesto que el proyecto de recuperación integral de las riberas del Huerva incluye la instalación de otras 52 cámaras.

El contrato marco en el que lleva meses trabajando el área de Presidencia, uno de los principales encargos de esta legislatura, contempla una inversión de 1,5 millones hasta 2029: 250.000 euros este 2026 y 400.000 anuales hasta el año señalado. Esta cuantía permitirá aumentar de forma importante la videovigilancia por las calles y plazas de la capital aragonesa y, lo que también es importante, hacerlo de forma rápida y eficaz.

En concreto, se prevé reducir el tiempo de adquisición e instalación a cuatro meses. Para colocar las de Delicias se necesitaron hasta 18. Los plazos se dilatan por tres motivos: la toma de decisiones; la gestión administrativa y la posterior autorización de la Comisión de Garantías de Videovigilancia de Aragón para aprobar su instalación y uso; y la contratación de las empresas con la tecnología y los dispositivos necesarios. De hecho, en el Jardín Vertical las cámaras estuvieron varios meses instaladas y apagadas a la espera de recibir el visto bueno por parte de la Delegación del Gobierno de España en Aragón para poder ponerlas en funcionamiento.

Las zonas prioritarias

El contrato marco incluye las zonas en las que se colocarán las cámaras y las empresas con las que se trabajará. Para elaborar el mapa de videovigilancia se ha contactado con las juntas de distrito, asociaciones vecinales y de comerciantes, además de la Policía Local y la Policía Nacional. A partir de las solicitudes recibidas «de todos los barrios», se ha analizado la situación de cada uno y las necesidades reales en función de los informes policiales y los delitos registrados por la Policía Nacional.

Así, se ha diseñado un calendario que priorizará San José, Delicias, el Centro, Zamoray-Pignatelli y Las Fuentes, en este orden. Llamativo resulta que Torrero es el distrito que menos peticiones ha registrado.

Las cámaras, con tecnología 5G, irán actualizando sus funciones en paralelo al desarrollo tecnológico. La IA incluye un sinfín de opciones, pero la normativa no, ya que no permite el reconocimiento facial, tal y como establece la normativa sobre protección de datos personales. De ahí que su visionado esté restringido y sometido a controles de seguridad.

Reconocimiento facial

Las únicas cámaras que podrían incluir el reconocimiento facial serían las utilizadas por la Policía Nacional en las zonas más conflictivas de la ciudad, pero no las instaladas —previa autorización— por el consistorio zaragozano.

El contrato marco, que podría estar aprobado en el último trimestre del año, también pretende la integración de todas las cámaras en un único formato o fuente de almacenaje, con criterios unificados con el resto de cuerpos policiales.

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