Zaragoza reclamará medio millón de euros al Gobierno de España por la regularización de inmigrantes: ya se han emitido más de 2.000 informes de vulnerabilidad

El Gobierno municipal del PP cifra en cerca de medio millón de euros el coste extra que está suponiendo para las arcas de Zaragoza atender el proceso extraordinario de regularización de inmigrantes, que empezó en abril y que, por ahora, tiene como fecha final el mes de junio. En ese sentido, como ya anticipó la concejala de Políticas Sociales, Marian Orós, van a pedir al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que asuma esos cerca de 500.000 euros.

Un dinero que, según ha explicado Orós, se divide especialmente en los distintos costes laborales. En este momento, hay 14 trabajadores municipales trabajando "mañana y tarde, exclusivamente para este tema", a lo que se suman los refuerzos a la línea 900, la adaptación de los servicios informáticos (cruce de agendas y expedientes), así como otros trabajos en materia de seguridad o de servicios como el padrón municipal.

Asimismo, la edil popular no ha descartado ampliar el personal en junio para atender todas las peticiones, aunque ha matizado que el proceso de emitir los informes de vulnerabilidad está controlado, con citas programadas hasta el mes que viene. Orós también ha resaltado la posibilidad de que se amplíen esos plazos. "Luego el Gobierno tiene dos meses para hacer la regularización, por lo que veremos que situación nos queda en septiembre", ha reseñado. A día de hoy, los funcionarios zaragozanos han emitido desde la Casa de las Culturas 2.116 informes de vulnerabilidad.

En relación a esto último, la responsable municipal de Políticas Sociales ha exigido al Ejecutivo central que destine los "40 millones que va a recaudar en tasas durante el proceso", para crear un programa específico de acompañamiento para algunas personas que van a ser regularizadas, especialmente las que ahora están bajo el paraguas de la protección internacional (fundamentalmente, países del Sahel africano) y que, según Orós, saldrán del mismo cuando obtengan los papeles.

"Estamos haciendo los cálculos, pero va a haber cientos de personas en esa situación. Porque van a dejar de estar en protección internacional sin concluir la última fase, que es la de autonomía, la que les permite conseguir un empleo y un recurso habitacional, lo cual depende del Gobierno de España, a quien le exigimos que no les deje tirados", ha afirmado, anticipando además que, si es así, "terminarán en la calle y en una situación de mayor vulnerabilidad". Por último, la popular ha denunciado el "efecto llamada" que se está produciendo, especialmente desde otros países europeos.

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