Denuncian la apropiación "de bases de datos" y "perfiles en redes" de una fundación financiada por el Ayuntamiento de Zaragoza

Un "vaciado patrimonial" en toda regla. Esta es la denuncia anónima sobre el proceder el Ayuntamiento de Zaragoza en el desmantelamiento de Etopia a la que ha tenido acceso este diario. Así, en una comunicación de irregularidades realizada a través de la oficina de control interno del consistorio argumentan que el fin de Zaragoza Ciudad del Conocimiento (FZCC) ha sido "tramitada de espaldas a los mecanismos de fiscalización" del pleno municipal y que, por lo tanto, la situación "requiere de una intervención e investigación preferente debido a la posible afectación a los principios de legalidad, transparencia, buen gobierno, control de los recursos públicos y adecuada protección del interés público".

La Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento (FZC) en el edifico de Etopia nació en 2004 como una entidad de colaboración público privada con participación mayoritaria del Ayuntamiento de Zaragoza que en sus años de actividad se ha convertido en una entidad puntera en la promoción de actividades, charlas y proyectos en los que se combinaba la ciencia, la cultura y la tecnología.

Sin embargo, la propia alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, anunció en el 2024 su intención de liquidar la fundación argumentando que no tenía "capacidad económica" para desarrollar la labor que tenía encomendada. Un escenario de "insolvencia" que el informe achaca "a una estrategia muy concreta de desmantelamiento operativo" con el objetivo de cumplir "con la profecía de inviabilidad económica" anunciada por la regidora.

Esta supuesta situación de impagos también es denunciada por Zaragoza en Común, que este jueves defenderá una moción en el pleno de la ciudad para abordar el caso. "Los datos económicos y de actividad demostraban la buena salud y viabilidad de la fundación y a pesar de ello el actual equipo de gobierno decidió finiquitarla. En su último ejercicio completo previo a esta decisión, por cada euro aportado por el presupuesto municipal, la fundación captaba 2,3 euros de financiación externa. Solo en los dos ejercicios previos al anuncio de disolución obtuvo más de 1,2 millones de euros de financiación externa, gestionaba once proyectos con financiación ajena y desarrollaba una programación que daba servicio a cerca de 40.000 visitantes anuales", destacan.

La fundación, que cuenta con seis trabajadores en situación de "desamparo laboral" a pesar de que buscan "ocultar deliberadamente" su existencia en el procedimiento de liquidación, acumula tres meses de impagos. La alerta narra "el desvío y la apropiación unilateral" por parte del ayuntamiento de "activos intangibles esenciales" de la fundación (como la propia marca, los dominios web como etopia.es y bases de datos con información de los participantes), así como la cesión directa e injustificada del programa anual de capacitación tecnológica Etopia Kids, uno de los activos más valiosos, en favor de una fundación privada de la empresa Henneo. Por esta razón avisa de que se han eludido "los procedimientos obligatorios de licitación, concurrencia competitiva y mutación demanial".

"Censura cultural"

El texto insiste en la voluntad de "elusión de control" demostrada por el consistorio en los últimos meses. De este modo, en la denuncia anónima a la que ha tenido acceso este diario acreditan mediante actas societarias "el control absoluto y el otorgamiento de poderes generales laborales de carácter mancomunado" en fechas recientes al concejal de Economía, Carlos Gimeno, contradiciendo sus comparecencias públicas donde afirma actuar "a título personal" para eludir la fiscalización plenaria.

La fundación fue creada por el propio ayuntamiento de la capital aragonesa hace una década para gestionar parte de las actividades que se han venido desarrollando en Etopia. A partir de su nacimiento, se fueron introduciendo nuevos patronos y socios privados, hasta 2024, cuando el consistorio aprobó en el pleno con los votos a favor de PP y Vox salirse del patronato y dejar de financiarlo. Un gesto que para la oposición era un claro ejemplo de "censura cultural".

A partir de entonces comenzó su liquidación. La Universidad de Zaragoza, Ibercaja y el concejal de Economía, Carlos Gimeno, a título personal (según ha defendido siempre) se mantuvieron como patronos provisionales. 

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