Sin fecha ni policías: el plus económico de los agentes retrasa la entrada de Zaragoza en el VioGén

Hace años que se habla de la entrada de Zaragoza en el servicio VioGén. Y hace años que se dice que va a ser inminente. Nada más lejos de la realidad. Hasta hace bien poco el motivo era más bien político, por las diferencias entre el ayuntamiento y la Delegación del Gobierno en Aragón. Ahora depende directamente del consistorio, que se encuentra inmerso en la negociación de las condiciones laborales de los nueve agentes que pasarán a formar parte de la llamada Unidad Égida.

El principal escollo de la negociación con los representantes sindicales es económico. Al menos, este ha sido el tema principal de las dos únicas reuniones celebradas hasta ahora, a las que no ha acudido ningún representante directo del Gobierno, aunque sí el jefe de la oficina de Recursos Humanos, el intendente de Recursos Humanos de la Policía Local y otros responsables. Una negociación que, por cierto, se ha iniciado tres meses después de que el Gobierno municipal aprobara la creación de la Unidad Égida y se retomará este jueves.

Según anunció la propia alcaldesa, Natalia Chueca, a lo largo de este curso entrará en funcionamiento esta unidad, en la que habrá ocho policías y un intendente de libre designación, es decir, a dedo. Precisamente, una de las cosas que solicitan los sindicatos es que esta unidad, al tratarse de una especialidad, sea considerada como especializada y se acceda a ella por méritos. "Se hará un estudio previo de los agentes para evitar que haya liberados sindicales dentro de esta unidad porque habrá menos policías para proteger a las mujeres", matizan fuentes del Gobierno.

Víctimas de riesgo bajo

Los agentes que formen parte de esta unidad atenderán a las mujeres víctimas de la violencia machista con riesgo bajo. En concreto, asumirán el 30% de los casos considerados de riesgo bajo tras su formación, que, además, reclaman que sea continua. Atendiendo a la propuesta elaborada por el área de Presidencia, Relaciones Institucionales y Seguridad Ciudadana, los miembros de esta unidad "tendrán disponibilidad telefónica para las víctimas las 24 horas del día, los 7 días a la semana", algo comprensible, según los sindicatos, que consideran que es un motivo de peso para que cobren un plus, ya que la plena disponibilidad, dicen, debe pagarse. Esto sucederá salvo durante los periodos vacacionales y/o permisos.

Por ello, solicitan que el extra de estos agentes se asemeje al que reciben los miembros de la Unidad de Apoyo Operativo (UAPO), que cobran un plus que ronda los 300 euros brutos, menos que los escoltas. En cambio, según denuncian los representantes sindicales, el Gobierno del PP solo está dispuesto a abonar un extra de 42 euros, es decir, 1,79 euros al día. Según explican desde el Gobierno municipal, la propuesta económica se basa en un estudio estadístico con el que se calcula el número de mujeres que atenderá cada mujer.

Por otro lado, las representaciones sindicales denuncian que, a día de hoy, siguen sin saber cuándo estará operativa esta unidad, qué formación recibirán los agentes y cuándo y cómo se elegirá a sus miembros.

Por su parte, la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, considera "inaceptable que, tres meses después de que Chueca anunciara a bombo y platillo esta unidad, sigamos sin conocer cuándo se seleccionará al personal, cuándo comenzará su formación o cuándo estará realmente operativa. La protección de las mujeres víctimas de violencia machista debería ser una urgencia para la alcaldesa de Zaragoza", ha dicho.

En cuanto a las condiciones laborales, Ranera destaca que es también "muy grave" que el Gobierno del PP pretenda valorar en apenas 1,79 euros al día la disponibilidad permanente de quienes tendrán que estar localizables para atender situaciones de máxima vulnerabilidad y urgencia. "Consideramos que, con esta propuesta, se lanza un mensaje muy preocupante y es la escasa prioridad que el PP y Chueca le conceden a la lucha contra la violencia machista cuando llega el momento de acometer financiaremente la protección de las víctimas de violencia machista".

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