Nuevo recurso contra Giesa: el PSOE también alega contra la adjudicación directa de la FP concertada de la Ciudad del Cine de Zaragoza al grupo San Valero

Como ya hiciese hace algunas semanas contra la adjudicación directa de la explotación de los platós de la Ciudad del Cine de Giesa a la multinacional mexicana EFD Estudios, el PSOE de Zaragoza ha anunciado este martes un nuevo recurso administrativo contra la concesión de la oferta formativa al grupo San Valero. Un procedimiento, el de la adjudicación directa, que el Gobierno municipal del PP también ha ejecutado en este último caso, convirtiendo así una parte del proyecto en un centro concertado de Formación Profesional relacionado con el sector audiovisual.

La portavoz socialista, Lola Ranera, ha criticado que la decisión constituye “un nuevo dedazo” de Natalia Chueca para tapar “el fracaso y el fiasco” del proyecto de Distrito 7. Ranera ha pedido a Chueca que rectifique porque “se está vulnerando la legalidad” y recordaba que las distintas convocatorias impulsadas en este equipamiento público “han terminado desiertas o adjudicadas a dedo, lo que demuestra el nulo interés o la chapuza del gobierno”.

De hecho, la socialista ha señalado que la adjudicación directa de la unidad formativa y de investigación supone una renuncia al interés general, al igual que ya se hizo con la unidad de producción y que también motivó la presentación de otro recurso administrativo por parte de los socialistas, que fue denegado la pasada semana.

Como respuesta, el concejal de Presidencia, Ángel Lorén, ha asegurado que el PSOE peca de "ignorancia" en las adjudicaciones de Distrito 7, ya que "se está aplicando la legislación vigente en materia de Patrimonio y no la Ley de Contratación pública, como afirman los socialistas". “Entendemos la confusión del PSOE a la vista de los problemas judiciales en los que está inmerso el partido y los dirigentes del mismo”, ha remachado Lorén.

Inversión de 20 millones

Ranera ha recordado que la transformación de Giesa en la denominada Ciudad del Cine supone la utilización de 20 millones de euros procedentes de fondos europeos, con una partida de tres millones, y ha cuestionado que el proyecto esté cumpliendo los objetivos para los que fue concebido. “Ni está atrayendo inversión ni está atrayendo talento a Zaragoza”, ha afirmado, al tiempo que ha insistido en que Chueca “ha decidido renunciar a la concurrencia, a la transparencia y no defender el interés general” y “la línea roja es el interés general, es la defensa del dinero público”.

Por su parte, el concejal socialista Horacio Royo ha explicado que el recurso se fundamenta en la posible utilización inadecuada de figuras administrativas que permiten evitar la aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público, algo que “se ha convertido en el modus operandi de este Ayuntamiento en un intento muy poco sutil de eludir de forma permanente las garantías de la ley de Contratos en la gestión de los recursos públicos”.

Ha denunciado, además, que “no hay un solo proyecto, un proyecto estrella de la señora Chueca, que no se haya articulado en torno a figuras como las concesiones demaniales o los derechos de superficie”. Unas figuras que están excluidas de la Ley de Contratos del Sector Público como las piscinas de Valdespartera, y de La Almozara, La Romareda, el Parque de Atracciones o el propio Giesa. “Excluir la aplicación de Ley de Contratos del Sector Público supone menos transparencia, mayores plazos de explotación y menores controles y rigurosidad en los procedimientos para garantizar que sean varias las ofertas que se presentan”, ha recordado el concejal socialista.

Ante esta “opacidad”, el PSOE ha expresado su preocupación por las dudas que suscita la gestión de Chueca en este y otros grandes proyectos. Royo ha recordado “la rapidez con la que se tramitó el expediente que ha desembocado en la adjudicación a la Fundación San Valero-San Jorge". "La entidad manifestó su interés el 20 de noviembre de 2025 y apenas cinco días hábiles después el Ayuntamiento ya disponía de un expediente completo con informes técnicos, económicos y arquitectónicos de 200 folios, algo que choca con los tiempos que habitualmente requieren estos expedientes”.

“El Ayuntamiento debe garantizar el cumplimiento de la ley, la defensa del interés general y el control del dinero público”, ha sentenciado Ranera, quien ha advertido de que el Grupo Municipal Socialista continuará utilizando todas las vías administrativas y legales a su alcance para exigir transparencia en la gestión de los recursos públicos.