¿Cómo se convierte un centro de datos en viviendas públicas a varios kilómetros? La fórmula del Gobierno de Aragón para Arcosur

Arcosur es el polo residencial al que todas las administraciones miran. Su enorme bolsa de suelos a un precio más competitivo que en las zonas más consolidadas de Zaragoza, especialmente pensados para acoger viviendas de protección oficial (VPO), han hecho que tanto el Gobierno de Aragón como el ayuntamiento apunten al joven barrio para impulsar la construcción de pisos públicos. Una operación con distintas variables y que incluye la intención de la DGA de invertir unos 20 millones para la compra de parcelas con capacidad para 1.000 hogares que, en el futuro, podrían ser 3.300.

Para financiar esta iniciativa, que forma parte de un protocolo firmado por ambas entidades junto a Ibercaja y el resto de promotores del barrio (representados por la junta de compensación), la DGA optó por una fórmula que le permite la ley urbanística y que guarda relación con las inversiones milmillonarias, capitaneadas por los centros de datos, que han ido anunciándose en la comunidad en los últimos años.

En ese sentido, la intención del Ejecutivo autonómico pasa por monetizar el 5% de los aprovechamientos urbanísticos de los Planes de Interés General de Aragón (PIGAS) concedidos a estos grandes proyectos. Es decir, cuando estos se consoliden, no tendrán que ceder una parte del suelo que ocupan, ya urbanizado, a las administraciones, en este caso el Gobierno de Aragón, sino que se hará una valoración económica que sustituirá a ese compromiso. Con todo, este 'cobro' todavía tardará "tres o cuatro años" en llegar, cuando los distintos proyectos se consoliden.

Estado actual del desarrollo urbano del barrio zaragozano de Arcosur.

Y, con ella, la DGA impulsará vivienda pública en varias zonas relacionadas directa o indirectamente con los proyectos, con Arcosur (ubicado en la periferia de Zaragoza y con salida directa al cuarto cinturón) como referencia principal y otros municipios en la recámara. Y es que la ley también pone coto a lo que se puede hacer con el dinero que se recibe a cambio de esos aprovechamientos, que no puede usarse a libre discreción sino que debe ir a parar al patrimonio público de suelo.

Salvando las distancias, es en esencia una decisión política similar a la que ha tomado el Ayuntamiento de Zaragoza con la recalificación de los suelos del antiguo convento de Jerusalén, donde se construirán 220 pisos libres y dos residencias privadas. En este caso, en lugar de pagar el 10% de los aprovechamientos urbanísticos que correspondería en especie (por ejemplo, con un equipamiento público, como sucede en el caso de Instalaza), el consistorio monetizará igualmente esa plusvalía y recibirá algo más de 22 millones de euros, con la intención de reinvertirlos en la construcción de viviendas públicas en otras zonas de la ciudad.

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