El Ayuntamiento de Zaragoza ya ha emitido más de 4.000 informes de vulnerabilidad para inmigrantes en proceso de regularización extraordinaria

El proceso extraordinario de regularización de inmigrantes en España, iniciado a finales de abril, sigue su curso en las distintas ciudades del país. En el caso de Zaragoza, el ayuntamiento ya ha emitido más de 4.000 informes de vulnerabilidad, 4.035 para ser más exactos, en una condición sine qua non para que estas personas puedan seguir adelante con el proceso. Son los últimos datos que ha facilitado este miércoles la concejala de Políticas Sociales del Gobierno municipal del PP, Marian Orós, quien ha exigido al Ejecutivo central un plan extraordinario para afrontar las "consecuencias sociales" del procedimiento.

Y es que, pese a que desde los servicios municipales se han emitido esos más de 4.000 informes (más todos los que se aprueben de aquí a finales de junio, cuando culmina la primera parte del procedimirento), las estimaciones que manejan en el área de Políticas Sociales apuntan a que el número total de personas que podrían regularizar su situación en Zaragoza sería tres veces mayor, entre 12.000 y 15.000 inmigrantes. En ese sentido, desde el consistorio señalan que varias entidades sociales acreditadas también han tramitado miles de informes, además de los que accedan a este recurso a través de otras vías que contempla el decreto, como el empleo o el arraigo familiar.

Una de las cuestiones en las que Orós ha puesto el foco está en los alrededor de 300 inmigrantes que han iniciado los trámites mientras viven en la capital aragonesa bajo el amparo de la protección internacional. Según la concejala popular, las entidades sociales han trasladado que la regularización podría implicar que estas personas perdiesen el acceso a recursos que asume el Gobierno de España, como los habitacionales. Por ello, el consistorio ha enviado una carta al delegado del Gobierno en Aragón para que "garantice" que estos 300 inmigrantes sigan teniendo acceso a estos recursos.

Del mismo modo, en la plaza del Pilar cifran en más de 150.000 euros el coste que ha supuesto atender todas las peticiones administrativas que siguen llegando, asociado especialmente al personal municipal que ha centralizado los trámites en la Casa de las Culturas. Un gasto que el Ayuntamiento de Zaragoza quiere que sea costeado por el Gobierno de España. Una de las razones reside en que, según el Gobierno municipal, de los más de 4.000 informes emitidos, unos 1.200 son para inmigrantes cuya situación no figuraba previamente en la base de datos de los servicios sociales.

El PSOE denuncia "contradicciones"

El principal grupo de la oposición, el PSOE, ha denunciado las "contradicciones" en las declaraciones de Orós. "Por un lado, asegura que había advertido a la Delegación del Gobierno de la necesidad de reforzar los servicios, pero por otro dice sorprenderse cuando se pone en marcha el proceso de regularización y afirma que no tenía capacidad para actuar. No se puede estar en ambos discursos al mismo tiempo", ha afirmado el edil socialista Paco Galán.

Asimismo, acusan al Gobierno municipal de intentar transmitir "alarmismo" ante un "supuesto efecto llamada". "Omite un dato fundamental. Según el Ministerio del Interior, en lo que llevamos de año el número de personas en situación irregular se ha reducido un 35%", ha añadido Galán, que ha concluido: "Zaragoza es una ciudad abierta, inclusiva y tolerante. Lo que necesita es gestión, recursos y responsabilidad, no discursos que buscan enfrentar a la gente o generar una alarma que no se corresponde con la realidad".

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