El Sindicato de Inquilinas exige a Zaragoza Vivienda sentarse a negociar para evitar dos desahucios de pisos públicos

El Sindicato de Inquilinas de Zaragoza ha convocado este martes una protesta a las puertas de la sede de la empresa pública Zaragoza Vivienda, dependiente del ayuntamiento, para exigir una mediación que evite dos desahucios en sendos pisos de titularidad municipal que están decretados para el próximo mes de septiembre. Se trata de los lanzamientos de Rocío y de Yolanda a las que, por motivos diferentes, este organismo municipal va a expulsar de sus hogares.

La concentración, en la que han participado una treintena de activistas por el derecho a la vivienda, ha sorprendido a los propios trabajadores de Zaragoza Vivienda. Desde el Sindicato de Inquilinas han acudido con información para pedir negociar y evitar los desahucios, pero no han conseguido verse con ningún responsable del organismo municipal. Eso sí, según han afirmado desde el sindicato, "han prometido conceder una cita próximamente". "No nos sirven las palabras, queremos hechos”, han defendido las portavoces de la plataforma, que han advertido que continuarán con la presión hasta materializar la firma de nuevos contratos.

Según han explicado posteriormente fuentes del Gobierno municipal, los dos casos de lanzamiento por los que se ha movilizado este martes el Sindicato de Inquilinas de Zaragoza "responden a diferentes casuísticas en las que, por respeto a la protección social a dichas personas, no se puede ahondar u ofrecer datos en detalle". "Solo podemos confirmar que los dos casos responden a situaciones alargadas en el tiempo y judicializadas, en un caso por una elevada deuda acumulada por impago de sus cuotas de alquiler, y en otro caso se debe a la decisión de no renovar el contrato de arrendamiento por graves problemas de convivencia", han justificado.

Desde el sindicato, no obstante, han negado la mayor. Afirman que hasta la fecha ha sido muy complicado poder conseguir una justificación de los Servicios Sociales de Zaragoza Vivienda y que todo se ha basado en vaguedades "poco justificadas". Asimismo, han alegado que los problemas de convivencia no son tales cuando hay vecinos de esa mujer que han acudido este martes a la concentración para mostrar su apoyo.

Se trata, por tanto, de un conflicto en el que existen dos versiones contrapuestas no solo de los hechos, sino también de la gestión de los recursos públicos. La portavoz del Sindicato de Inquilinas ha defendido el derecho a la vivienda por encima de todo y ha criticado que un organismo público "funcione exactamente igual que el mercado libre de la vivienda". "Parece una broma. Lo que queremos conseguir es que no les echen de su casa y conseguir negociar para que para que no se queden en la calle porque ahora mismo no tienen ninguna alternativa habitacional", han defendido frente a la sede de Zaragoza Vivienda.

Desde este organismo han explicado a este diario que "en ambos casos, las decisiones están tomadas de forma colegiada por los profesionales de Zaragoza Vivienda desde las respectivas secciones (jurídica, trabajadoras sociales, etc) tras el estudio minucioso de las situaciones en su totalidad". "En este tipo de casos, que son residuales en la totalidad de los programas municipales, se valoran cuestiones como el cumplimiento de pagos sociales de alquiler establecidos tras el estudio minucioso y personalizado de las situaciones sociales y económicas de las unidades familiares; el correcto y debido mantenimiento de los pisos de propiedad municipal; o el obligado respeto a la convivencia con el resto de inquilinos, de personas vulnerables y con otras asociaciones sociales con pisos cedidos para su gestión", han explicado.

"Chantaje"

Desde el sindicato, no obstante, critican el "chantaje" al que "someten" las administraciones a las personas que residen en viviendas públicas, que deben demostrar "continuamente" que son "merecedoras" de un piso, incluyendo cláusulas en los contratos que resultarían totalmente "inaceptables" e"impensables" en un contrato entre privados. "Ninguno de nosotros aceptaríamos que nuestro casero se pueda personar en nuestra casa cuando quiera, que nuestro casero pueda ver si tenemos más o menos limpia la cocina, que nuestro casero nos diga que tenemos que hacer un curso de idiomas para seguir en nuestra vivienda. Y todo eso son prácticas normalizadas en la vivienda pública y absolutamente intolerables. De hecho, aquí es responsable el Ayuntamiento de Zaragoza pero son prácticas que también vemos en la vivienda pública que depende del Gobierno central, de PSOE y Sumar", han criticado desde el sindicato.

Así, los residentes en viviendas públicas, que muchas veces no pueden acceder a un piso en el mercado privado, se ven obligados constantemente a demostrar que son "lo suficientemente pobres" como para seguir teniendo derecho a vivir en su casa. "Tienen una vida completamente monitorizada y fiscalizada por la Administración. Tuvimos un conflicto muy llamativo en el sindicato de una familia con dos menores y una persona dependiente a los que en pleno invierno les negaban la reparación de la caldera porque no estaban ordenando la terraza tal y como le pedían los Servicios Sociales", relatan las portavoces de la plataforma por el derecho a la vivienda.

Sobre los desahucios de estas dos vecinas, denuncian desde el sindicato que "el proceso está siendo bastante opaco" y que están encontrando "bastantes dificultades para poder interlocutar con Zaragoza Vivienda". Desde el Gobierno municipal, sin embargo, aseguran "las decisiones se toman después de procesos largos con distintas reuniones y propuestas con las familias". "Asimismo, también se recaban las valoraciones de asociaciones que puedan interactuar o trabajar con estos inquilinos. Y, del mismo modo, en estos casos se informó en su día al propio Sindicato de Inquilinas de Zaragoza", zanjan.

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