Así empezó a hundirse el centro termal de Ranillas: del spa a los juzgados de Zaragoza

El centro termal de Ranillas nació al calor de la Expo de 2008 como uno de los buques insignias del nuevo Parque del Agua de Zaragoza que estaba llamado a ser el Retiro zaragozano. Su realidad hoy es un cierre que dura desde febrero de 2022, un deterioro evidente forjado con el abandono de la actividad y el vandalismo, y unas instalaciones a la deriva o, peor, completamente hundidas.

La concesionaria, Cublan Inversiones, entró en 2022 en concurso de acreedores voluntario y en 2023, junto a 14 empresas en su largo listado de acreedores, pidió la culpabilidad del consistorio de su quiebra para que este asumiera la responsabilidad de una deuda que ya entonces rondaba los 14,6 millones. Por este hecho, tal y como ha adelantado EL PERIÓDICO, una jueza de Zaragoza ha citado al presidente de Aragón, Jorge Azcón, a la presidenta de las Cortes, María Navarro, y a la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, en sede judicial en un plazo de "cinco días". Las decisión se toma porque todos ellos formaban parte del Gobierno PP-Ciudadanos de entonces en el consistorio zaragozano.

Con esta situación, la concesionaria podría darle la vuelta a la tortilla tras solicitar la apertura de la pieza sexta de este proceso de liquidación de la empresa en el Juzgado número 2 de lo Mercantil. Esta es la que dirime la responsabilidad de la quiebra económica.

¿Es una pataleta o un intento a la desesperada de la concesionaria de librarse de su deuda con más de cien acreedores que asciende a 14.621.139,77 euros? ¿Tiene visos de prosperar y acabar el Ayuntamiento de Zaragoza teniendo que pagar esa factura? Eso es, fundamentalmente, lo que debe dirimir ahora el juzgado.

En imágenes I Así está el spa de Ranillas, en el parque del Agua de Zaragoza

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Como en todos los litigios de este tipo, lo más relevante a la hora de valorar los hechos es la cronología y el orden de las decisiones que se han ido tomando en sede municipal y en la empresa privada. No hay que obviar que el ayuntamiento en este pulso se juega algo más que ser culpable o no de la quiebra de una concesionaria del Parque del Agua, ya que entre lo que pueden pedir las partes implicadas está también la posibilidad de reclamar la responsabilidad patrimonial del consistorio y de todos los actores que han participado o colaborado en las decisiones que hayan motivado esa quiebra, e incluso, según dice la Ley Concursal, la inhabilitación de un mínimo de 2 años en función de la gravedad que estime el juez. Pero por ahora solo está la incertidumbre, ninguna certeza.

Con toda la documentación que ya está en el juzgado y a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, quizá el inicio de esa cronología de los hechos que han derivado en esta quiebra habría que situarlo en octubre de 2021. La situación de la empresa ya era delicada, la deuda con el consistorio ya existía y el negocio en Ranillas no era boyante pero al menos funcionaba. Pues bien, el 20 de octubre la concesionaria firmó una operación de financiación de 3,5 millones de euros con la entidad Audentia Capital, un préstamo que, según ha explicado la empresa en el proceso judicial, iba dirigido, precisamente, a saldar esa deuda con el consistorio y a acometer inversiones en el spa para adaptarlo a las nuevas exigencias que introdujo la pandemia del coronavirus en instalaciones de estas características.

Al parecer, y siempre según la empresa, esta operación crediticia estaba acordada ya y solo faltaba aportar la garantía hipotecaria que se le exigía para la rúbrica. Esta era, precisamente, esta concesión del centro termal ubicado en el Parque del Agua. Un aval para el que, previamente, necesitaba el visto bueno del consistorio zaragozano. Y todo volvería a la normalidad. Un beneplácito que solicitó formalmente el 29 de octubre, solo nueve días después de cerrar el acuerdo con la entidad financiera.

90 días cruciales

Pues bien, solo diez días más tarde de esta petición, el 8 de noviembre de 2021 entra en el orden del día de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza un expediente que llevaba pendiente de resolver 10 años (se pidió en febrero de 2011, aunque se inauguró antes): la solicitud de licencia de funcionamiento del centro termal de Ranillas. Y, a pesar de que se le había permitido operar al spa durante años sin licencia concedida, resucita ese expediente para decidir denegársela. La explicación dada en su día, según explicó a este diario el propio consistorio, era que no cumplían con las condiciones de prevención que exige el servicio de Bomberos. Devolvía así el expediente a la casilla de salida en vía administrativa y ahora sí, complicaba a Cublan mantener el negocio abierto al público tras ese no rotundo de la autoridad competente que debe velar por el cumplimiento de la legalidad.

Duro revés para la concesionaria en ese momento, aunque aún mantenía la esperanza de solventar su situación financiera con el crédito de 3,5 millones. Apenas le duró 80 días. Su petición de autorizar esa garantía para firmarlo se deniega en la reunión del Gobierno de Zaragoza celebrada el 27 de enero de 2022. Y se argumenta que es un acto discrecional y que no se puede dar el visto bueno por dos motivos: la deuda de más de 200.000 euros que Cublan decía querer pagar con ese crédito y tener denegada la licencia de funcionamiento el 8 de noviembre de 2021. Motivos suficientes para explicar por qué iba contra el interés público dar ese beneplácito.

Acto seguido, en la primera quincena de febrero de 2022 se hacía oficial el cierre de las instalaciones. Aunque ya hacía sospechar que semanas antes se colocaran carteles indicando a los usuarios que desde el 7 de enero estarían cerradas por «labores de mantenimiento», no fue definitivo hasta un mes después. Y así sigue aún a día de hoy, 15 meses después, clausurado y, a la vista de lo que está ocurriendo con la empresa, sin visos de que se reabra en mucho tiempo.

Pero bueno, ambas son decisiones políticas que siempre están argumentadas técnica y jurídicamente por los servicios municipales y que, en el fondo, no justifican ese causa-efecto al que ahora se alude por parte de la empresa. Aunque el relato no termina ahí, falta un capítulo esencial en esta historia que es la que ahora puede preocupar más. Llegaba el 30 de noviembre de 2022, en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Zaragoza con una sentencia que concluía que la denegación de la licencia fue «contraria a derecho», declaraba la «nulidad» del acto administrativo y llegaba a calificar la decisión de «ilegal». No obstante, este fallo no es firme, se encuentra recurrido por el ayuntamiento.

Pero ese duro revés para el consistorio es el que ha abierto la puerta a pedir ahora su posible culpabilidad en la quiebra de Cublan, para ella y para todos sus acreedores. Porque si la denegación de licencia no fue legal y la deuda se pensaba pagar con ese crédito de 3,5 millones, no había motivos para no permitir aportar esa garantía a la operación financiera que habría salvado a la concesionaria y también al centro termal de Ranillas. Y ya no se sabrá nunca si el spa habría seguido abierto o habría cerrado igualmente por los problemas económicos de la empresa. O esta habría caído igualmente en concurso de acreedores pese a aquel préstamo. Son suposiciones en el hundimiento final de aquel buque insignia del Retiro zaragozano.

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