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Política municipal

Una jueza cita al presidente Azcón, la alcaldesa Chueca y la presidenta de las Cortes por la quiebra de una empresa de Zaragoza

Se trata del caso referido a la compañía Cublan, que fue la que gestionaba y explotaba el centro termal y spa del Parque del Agua, en el meandro de Ranillas

Así está el spa de Ranillas en el recinto de la Torre del Agua de Zaragoza

JOSEMA MOLINA

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David López

David López

Zaragoza

Una jueza de Zaragoza ha citado al presidente de Aragón, Jorge Azcón, a la presidenta de las Cortes, María Navarro, y a la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, por un caso referido a la liquidación de una empresa, Cublan, que fue la que gestionaba y explotaba el centro termal y spa del Parque del Agua, en el meandro de Ranillas. Esta acabó en un concurso de acreedores con deudas millonarias en el que la compañía señaló al Ayuntamiento de Zaragoza como presunto culpable de su situación debido a las decisiones administrativas que se tomaron en el consistorio en el Gobierno PP-Ciudadanos que, entre 2019 y 2023, tenía a los tres dentro del mismo, con Azcon de alcalde, y ahora les requiere formalmente para que comparezcan en sede judicial en el plazo de "cinco días" o se les declarará "en rebeldía". Este plazo culmina la próxima semana, aunque cabe recurso de reposición contra la resolución de la magistrada, que es la titular del juzgado de instancia número 2 de lo mercantil de la capital aragonesa, Carmen Villellas.

No son los únicos a los que la jueza ha citado. También se la ha notificado a Víctor Serrano, como ahora concejal responsable de Urbanismo, a Sara Fernández, titular de Cultura en el equipo de Gobierno de Natalia Chueca, a Ángel Lorén, concejal de Presidencia, y a los exconcejales Carmen Herrarte (ahora en la DGA), Javier Rodrigo, entonces de Cs, y Patricia Cavero, ahora al frente de Ebrópolis y antes edila en el gobierno municipal que dirigía Azcón. Todos tienen la misma obligación de acudir al juzgado y el mismo plazo, en una citación en la que la jueza les cita como "afectados".

La llamada de la jueza se produce además en un momento en el que Azcón, Navarro y Chueca ocupan puestos de más responsabilidad y mayor relevancia pública que cuando se produjeron los hechos que denuncia la empresa. Unas actuaciones municipales que, además, exponen al consistorio ahora, en caso de que la Justicia dé la razón a la empresa, a tener que asumir una factura muy elevada, ya que son más de 20 acreedores los que reclamaban el cobro de las deudas adquiridas por Cublan y algunos de ellos también se han sumado a la petición de esa presunta "culpabilidad" del ayuntamiento en la quiebra de la empresa. Mientras, el equipamiento municipal del que deriva este conflicto, el spa de Ranillas, sigue cerrado y sin visos de que pueda renacer.

La empresa, Cublan Inversiones, acudió a un concurso voluntario de acreedores en julio de 2022, reclamando, junto a 14 de sus acreedores, esa presunta culpabilidad del ayuntamiento por la que reclamaba que asumiera la responsabilidad de una deuda que ya entonces rondaba los 14,6 millones. Ese concurso llegó cinco meses después de que el centro termal de Ranillas cerrara sus puertas por una situación insostenible con la empresa, que ya en 2022 acumulaba una deuda con el consistorio de 215.000 euros y que con la clausura dejó a cero esta fuente de ingresos. El ayuntamiento solo veía, ya entonces, una solución: la rescisión de la concesión para volver a licitar estás instalaciones públicas.

Mucho en juego en la decisión de la jueza

Y es que Cublan Inversiones pidió a la jueza esta supuesta culpabilidad del ayuntamiento, que figura como uno más en su larga lista de acreedores, en 2023, obligando a abordar este asunto en una pieza separada, la sexta, que es la que ahora se está abordando tres años después. Y con el consistorio ya personado en la causa y como parte afectada de la quiebra de esta empresa. Por eso llama a quienes formaban parte de aquel gobierno, que cambió de caras meses después de que se planteara esa supuesta culpabilidad por las elecciones de 2023 en las que Azcón acabó ganando y convirtiéndose en presidente de Aragón, María Navarro en diputada de las Cortes y Natalia Chueca en alcaldesa de Zaragoza. Pero la pieza sexta de esta liquidación seguía su curso en el juzgado de lo mercantil de Zaragoza. Y ahora reaparece con esta citación judicial.

Hay mucho en juego en esta decisión de la jueza de Zaragoza. Por una presunta culpabilidad que la empresa siempre ha justificado con unos hechos que se remontan a 2021. En octubre de ese año, siendo su situación económica ya muy delicada, acordó un crédito de 3,5 millones de euros con una entidad bancaria para intentar saldar sus deudas, entre ellas las del ayuntamiento, y acometer inversiones que nunca llegaron en el centro termal de Ranillas. Para atar ese préstamo necesitaba que el ayuntamiento le permitiera usar esa concesión municipal como aval. Pero pocos días después de pactar ese crédito Urbanismo le denegó la licencia de actividad solicitada en 2011 y que durante diez años no había necesitado para estar funcionando el spa de Ranillas con normalidad.

En enero de 2022 se le denegó la posibilidad de usar la concesión como aval en ese crédito por dos motivos: por la deuda de más de 200.000 euros con el consistorio que supuestamente iba a saldar con ese préstamo y por no tener la licencia concedida. Un mes después, en febrero de 2022 cerró sus puertas el centro termal y en mayo presentó el concurso voluntario de acreedores. Y ahí empezó el proceso por el que ahora llaman a todos los "afectados" a declarar. Con un añadido importante, y es que en octubre de 2022 la justicia sentenció en primera instancia que la denegación de la licencia de actividad no se hizo conforme a derecho y dictaminó la nulidad de aquella decisión, un fallo que no fue firme pero al que Cublan Inversiones se agarra como a un clavo ardiendo para que la jueza haga que el ayuntamiento sea responsable de su quiebra y de sus deudas. Esta decisión todavía es incierta.

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