¿Quién es el empresario que está detrás de las dos quiebras del spa de Ranillas en Zaragoza?

La quiebra de Cublan Inversiones, la empresa que gestionaba el centro termal y spa del Parque del Agua y que ha derivado en la citación en el juzgado del presidente de Aragón, Jorge Azcón; a la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca; y a la presidenta de las Cortes, María Navarro, tiene un nombre propio detrás: Álvaro Quiroga. El empresario ya aparecía vinculado al negocio de Ranillas antes de que Cublan asumiera la explotación de las instalaciones municipales y es, según publicó este diario en su día, la persona que conecta las dos etapas empresariales del spa que terminaron de la misma manera: en concurso de acreedores.

La citación judicial, adelantada en exclusiva por El Periódico de Aragón, se enmarca en la pieza separada de calificación del concurso de Cublan, en la que la compañía y parte de sus acreedores sostienen que el Ayuntamiento de Zaragoza pudo tener responsabilidad en la quiebra por las decisiones administrativas adoptadas durante el mandato PP-Ciudadanos, entre 2019 y 2023.

El origen del conflicto se sitúa en 2021. Cublan, con una situación económica ya delicada, pactó un crédito de 3,5 millones de euros con una entidad bancaria para intentar saldar deudas y acometer inversiones en el centro termal. Para formalizarlo necesitaba que el consistorio le permitiera usar la concesión municipal como aval. Sin embargo, Urbanismo le denegó la licencia de actividad solicitada años antes y, en enero de 2022, también rechazó la posibilidad de utilizar la concesión como garantía del préstamo. Un mes después, el spa cerró. En octubre de ese mismo año, la justicia anuló en primera instancia la denegación de la licencia, un fallo no firme al que Cublan se agarra ahora para sostener su tesis contra el ayuntamiento.

Pero la historia empresarial del spa de Ranillas venía de antes. La primera concesionaria fue Z’08 Agua & Ocio, que también acabó en concurso de acreedores. Y de aquel procedimiento salió la adjudicación del negocio a Cublan Inversiones. La paradoja es que Quiroga figuraba en la órbita de ambas sociedades. Es decir, uno de los propietarios de la empresa quebrada cedía el negocio a una compañía en la que él mismo aparecía como apoderado. Y el administrador concursal de Cublan, en su escrito principal, dirigía la exigencia de responsabilidad por la quiebra contra una sola persona: Álvaro Quiroga. La misma persona, por tanto, en dos concursos distintos relacionados con el mismo equipamiento público.

El nombre de Quiroga ha vuelto además a aparecer en informaciones ajenas al caso zaragozano. Diario Red publicó el pasado julio que dos sociedades vinculadas a Álvaro Quiroga Gutiérrez recibieron en 2011 préstamos de Madrid Network por un total de 2,9 millones de euros. Según esa información, las mercantiles Inaltel Technologies y Tabarca Servicios de Salud obtuvieron 1,6 y 1,3 millones, respectivamente, en proyectos que acabaron incluidos entre los fallidos de ese organismo madrileño.

El mismo medio situaba también a Quiroga, entre 2007 y 2011, en cargos de responsabilidad dentro de DICO, una constructora salpicada por la operación Púnica, y lo relacionaba con sociedades que los investigadores habrían considerado de interés en el marco de la trama Montoro. Esas conexiones no forman parte del procedimiento abierto en Zaragoza por la quiebra de Cublan, pero dibujan el perfil empresarial de quien aparece como hilo conductor entre las dos etapas fallidas del spa de Ranillas.

Mientras tanto, el equipamiento municipal continúa cerrado y sin una solución a la vista. La decisión que adopte ahora la jueza de lo mercantil puede tener consecuencias económicas relevantes para el Ayuntamiento de Zaragoza, personado en la causa y señalado por Cublan y varios acreedores como presunto responsable de la situación que desembocó en la quiebra. La citación de Azcón, Chueca, Navarro y otros miembros del anterior Gobierno municipal abre una nueva fase judicial en un caso que mezcla una concesión pública fallida, deudas millonarias, decisiones administrativas discutidas por los tribunales y un empresario que ya estaba presente en la anterior caída del mismo negocio.

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