El PP defiende su actuación con el spa de Ranillas: "El ayuntamiento lo que hizo fue defender el interés general"

El PP de Aragón se ha pronunciado este domingo sobre la polémica surgida con el cierre del spa de Ranillas y la quiebra de la empresa que gestionaba la concesión, Cublan. Todo se ha propiciado porque la compañía interpreta que su cierre es consecuencia de las decisiones que adoptó el Gobierno municipal del mandato anterior, en manos entonces de los populares en coalición con Cs. Es por esto que los responsables de aquel equipo de Gobierno van a tener que personarse en los juzgados como "afectados", lo que ha generado revuelo tanto en las Cortes de Aragón como en el Ayuntamiento de Zaragoza. "Este no es un procedimiento penal, es un procedimiento civil", ha querido aclarar la portavoz adjunta del PP en el parlamento autonómico, Elena Allué.

Allúe ha salido a responder a unas declaraciones que le han precedido, las del portavoz adjunto del PSOE, Jesús Morales, quien ha convocado a los medios de comunicación para pedir explicaciones al PP "para saber por qué" los principales responsables políticos de la comunidad "tienen que declarar en un juzgado". Y es que tanto Jorge Azcón como Natalia Chueca y María Navarro, entre otros responsables del anterior Gobierno municipal al frente del Ayuntamiento de Zaragoza han sido llamados para dar su versión ante las acusaciones de la empresa, que se agarra a que un juzgado llegó a declarar nula la denegación de la licencia que aprobó la gerencia de Urbanismo, motivo que propició la quiebra según los responsables de Cublan.

Sin embargo, según ha defendido la portavoz adjunta del PP, la empresa había quebrado "mucho antes de esa denegación de la licencia", por lo que no puede culparse al ayuntamiento ni a quienes fueron sus responsables de su quiebra. "La empresa ya había generado una deuda fruto de su mala gestión mucho antes de la denegación de esa licencia, por lo tanto, la empresa no quiebra por no darle la licencia", ha insistido Allué.

Quién paga el pato

Asimismo, Allué ha cargado contra Morales por decir que tanto Azcón como Chueca y Navarro han recibido una citación judicial. "Es mentira. No es una citación judicial. No es verdad y sabe perfectamente que la jueza en la providencia no menciona nunca la palabra citar. Aquí no va a desfilar nadie", ha defendido la portavoz adjunta del PP, quien ha opinado que las declaraciones del diputado socialista no son sino "mentiras para tapar la pandemia de corrupción que asola al Partido Socialista". "Los únicos que van a desfilar ante los juzgados son los 126 imputados del Partidos Socialista que suman causas penales por casi 2.400 años de cárcel", ha zanjado Allué.

Según ha argumentado la diputada popular, en el caso del spa de Ranillas "la jueza lo único que hace es darles la garantía" a Azcón, Navarro y Chueca "de personarse en el proceso, sí así lo consideran, como afectados". Y según ha confirmado la propia Allué, "se van a personar, por supuesto que se van a personar" para defender los intereses "del ayuntamiento y de los zaragozanos" frente a una empresa que está buscando por la vía judicial quien paga su "pufo", ha explicado la política popular.

"El Ayuntamiento de Zaragoza lo que hizo fue defender el interés general y eso es lo que van a seguir haciendo. Lo que me extraña es que el Partido Socialista se sitúe del lado de la empresa. ¿Pero esto qué es?", se ha preguntado Allué. Previamente, Morales le había reprochado a los populares su "silencio" desde que este diario publicara la noticia. "Exigimos al PP responsabilidad, transparencia e información y que Jorge Azcón, Natalia Chueca y María Navarro den las explicaciones oportunas. Si no lo hacen, los aragoneses empiezan a desconfiar de sus gobernantes", ha dicho el portavoz adjunto del PSOE en las Cortes.

Asimismo, Morales ha defendido que el PP "no es de fiar y que cuando gobierna toma decisiones que son erróneas para los aragoneses y, este caso, para los zaragozanos", ha dicho el socialista sobre la gestión de la concesión del spa de Ranillas, cerrado desde 2022, y lo ha comparado con casos como el del Parque de Atracciones y la concertación del Bachillerato.

Vox pide información

No obstante, pese al cabreo de Allué, el PSOE no ha sido el único partido en exigir explicaciones a los populares. El grupo municipal de Vox en Zaragoza, una formación que gobierna junto con Azcón desde el Pignatelli, ha exigido a Natalia Chueca su "comparecencia urgente" y también la de los "responsables políticos competentes para explicar el estado real del procedimiento y sus posibles consecuencias económicas y jurídicas". "La ciudadanía de Zaragoza tiene derecho a conocer qué ocurrió, quién tomó las decisiones, qué consecuencias económicas puede tener para las arcas municipales, o lo que es lo mismo para los bolsillos de los contribuyentes, y qué medidas está adoptando el ayuntamiento para defender el interés general", ha expresado Eva Torres, portavoz de Vox en el consistorio zaragozano.

Ante este asunto "de gran importancia y trascendencia", además de la comparecencia de Chueca, Torres ha demandado también al Gobierno municipal "la entrega inmediata a los grupos municipales de toda la documentación administrativa, jurídica y económica relativa a la concesión de Cublan y al centro termal de Ranillas" así como "un informe detallado sobre el riesgo económico que podría asumir el ayuntamiento, incluyendo posibles reclamaciones, costes laborales, deudas pendientes, mantenimiento de las instalaciones y escenarios judiciales". Por último, desde Vox han pedido máxima colaboración con la autoridad judicial, "sin interferencias ni campañas de distracción" y un plan claro para "recuperar el equipamiento".

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