La Cámara de Cuentas insiste en el desfase de las obras de La Romareda, pero reduce la cifra a 173 millones

El informe elaborado por la Cámara de Cuentas de Aragón sobre la sociedad La Nueva Romareda, participada principalmente por el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza, ha llegado a las Cortes de Aragón. El presidente del organismo de control económico, Jesús María Royo, ha reconocido ante los diputados que la gestión está "conforme a la legalidad", pero ha pedido avanzar en aquellas cuestiones que podrían complicar un proyecto a largo plazo si no se corrigen en los primeros compases. Así, ha insistido en que es necesario mejorar la "contabilidad, la trazabilidad y el control de costes" para lograr que las previsiones agoreras de algunos de los participantes en el debate no acaben siendo una realidad tangible.

La oposición ha lamentado que se esté favoreciendo "un maquillaje de cuentas" para favorecer a la parte privada del proyecto, esto es al Real Zaragoza, al exponer que se están usando recursos públicos que no acaban de reflejarse realmente. El propio presiente de la Cámara de Cuentas ha considerado que es necesario disponer de "un plan de negocio actualizado" para avanzar en la fiscalización de un proyecto cuyo equilibrio real únicamente depende de las obligaciones públicas. En este momento el organismo fiscalizador solo conoce el plan de 2024. En general, los grupos han insistido en que es necesaria "una seguridad jurídica clara".

En su intervención Royo ha matizado que el órgano no ha fijado un coste definitivo del proyecto ni ha concluido que vaya a alcanzar los 180 millones de euros, sino que ha reclamado identificar y clasificar todos los gastos vinculados a la operación para conocer su coste real y reforzar la transparencia del proyecto. El informe sitúa el coste estimado por la sociedad en 163,6 millones de euros, mientras que la Cámara ha elevado esa cifra hasta 173,2 millones con la información disponible, aunque ha insistido en que esta “no es una cifra cerrada o definitiva”.

En este sentido, ha recordado que durante la inspección han identificado una serie de costes cuyo importe no ha podido cuantificar por falta de información, entre ellos los gastos de apoyo al convenio con la Corporación Empresarial Pública de Aragón (CEPA), determinadas actuaciones de urbanización, las expropiaciones de terrenos o algunos suministros del estadio modular.

La Cámara de Cuentas garantiza por el momento la sostenibilidad económica de la sociedad por su soporte público. "La viabilidad de la empresa está garantizada en la actualidad por la aportación de los dos socios públicos (DGA y ayuntamiento)", reza el informe presentado, que analiza los números de la sociedad correspondientes al ejercicio de 2024. El documento concluye que no existen, o por lo menos no se detectan, irregularidades en la gestión de la Nueva Romareda SL, pero sí que advierten los técnicos "salvedades por incorrecciones contables" y ciertas prácticas en los modos de operar que este órgano pide corregir.

Royo ha asegurado que en su conjunto "la gestión está conforme a la legalidad" pero sigue habiendo recomendaciones para la mejora del proyecto. Piden control en contabilidad, transparencia y control de costes. Sobre todo porque la construcción del estadio, al menos en el momento analizado, se encontraba en un momento incipiente y que el proyecto se tienen que extender hasta el 2028 como mínimo. "Es necesario reforzar la trazabilidad de las decisiones, de los procedimientos y la capacidad económica", ha expresado.

Desde el PP han evidenciado que en el informe no se habla de fraude ni se cuestionan la viabilidad del proyecto y en el que no se indican responsabilidades administrativas, contables o penales. "Es una empresa pensada para afrontar uno de los proyectos estratégicos y fundamentales para Aragón", han defendido. Y ante las recomendaciones planteadas ha pedido "asumirlas con humildad".

El socialista Óscar Galeano ha puesto el foco en los posibles sobrecostes en los que puede incurrir la sociedad fiscalizada. "Nos gustaría conocer los usos que va a tener esa Nueva Romareda y con qué ingresos va a contar para que se atiendan todas las dudas que deja sobre la mesa este informe, pues la transparencia brilla por su ausencia", ha dicho.

La portavoz de Vox, Marta Fernández, ha recordado que hace falta "estimar las necesidades de financiación" al entender que los planes de negocio son fundamentales para no comprometer la viabilidad del negocio.

CHA ha alertado sobre "los costes desconocidos" que están apareciendo durante la urbanización. Así, Jorge Pueyo ha pedido conocer exactamente la inversión total que han alcanzado las obras. "Celebramos el informe, pero no podemos evitar observar cómo se ha dado un trato de favor a una sociedad mercantil que ha derivado en profundos incumplimientos", ha precisado.

Desde Teruel Existe han pedido "una reflexión profunda" por la dependencia "mayor y preocupante" de los servicios públicos, sobre todo al tener en cuenta que el socio privado ha quedado en segundo plano por los malos resultados deportivos. "Es una importante operación económica y patrimonial, no se habla solo de un uso deportivo", ha señalado Tomás Guitarte.

Marta Abengochea desde IU ha considerado que el informe constata que se está facilitando "un negocio privado" tal y como está articulada la estructura de la gestora de la Nueva Romareda. "Se están saltando normas de transparencia que se deben cumplir escrupulosamente", ha dicho. "Vemos un dopaje de la contabilidad para favorecer a la parte privada", ha alertado.

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