Los vecinos de Movera piden "garantías" al ayuntamiento para rehacer la norma que proteja la huerta

La Plataforma en Defensa de la Huerta de Movera frente a la instalación de plantas de energía renovable ha solicitado al Ayuntamiento de Zaragoza que adopte todas las "debidas garantías" para modificar el Plan General de Ordenación Urbana y prohibir, de una vez por todas, la proliferación de placas solares en un terreno que consideran que debería estar protegido por su valor no solo paisajístico sino también productivo. Lo hacen después de que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón haya tumbado esta semana la normativa municipal impulsada por Urbanismo por la falta de un pronunciamiento previo del Inaga.

"Respetamos la decisión judicial, aunque no la compartamos. Entendemos que la única objección de la sentencia en relación es una cuesión formal, no material, e incluso en el texto se reconoce que en dicha modificación se protegían las características peculiares de la huerta de Zaragoza. Por lo tanto, agradecemos la rápida respuesta del Ayuntamiento de Zaragoza en el sentido de volver a tramitar la modificación del Plan General a la vez que le rogamos a que proceda a la adopción de medidas cautelares como sería la suspensión de licencias", han exclamado desde la plataforma.

Desde Zaragoza en Común, sin embargo, se han mostrado más duros con la gestión de Urbanismo y han pedido al titular del área, Víctor Serrano, y a la alcaldesa de Zaragoza, que asuman responsabilidades políticas precisamente "por no haber realizado la preceptiva tramitación ambiental ante el Inaga". El concejal de esta formación, Suso Domínguez, ha recordado además que esta resolución judicial se suma a otra sentencia, también del TSJA, que obligó al ayuntamiento a autorizar la planta fotovoltaica Clarita en la huerta de Movera al considerar ilegal la suspensión de licencias decretada por el Gobierno municipal y reconocer el derecho de la empresa por silencio administrativo, un silencio que, acusaron desde algunos sectores, fue intencionado.

"Se hizo tarde y de forma chapucera"

"Ya no estamos ante un hecho aislado, sino ante una cadena de errores jurídicos y administrativos que evidencian una gestión profundamente negligente por parte del Gobierno de Natalia Chueca", señala Suso Domínguez. "La sentencia pone de manifiesto que el Ejecutivo municipal ha actuado sin el rigor jurídico necesario, comprometiendo precisamente aquello que decía querer proteger", ha añadido.

Desde Zaragoza en Común han recordado también que la protección de la huerta de Movera constituye un objetivo compartido por amplios sectores sociales, vecinales y políticos y ya en el 2021 la formación municipal pidió una moratoria para ordenar la instalación de renovables y valorar sus efectos en el territorio y no encontró apoyo alguno. “En periodo electoral el Gobierno del PP anuncio la protección de la huerta para la implantación de renovables, pero es una regulación que llego tarde y se hizo de manera negligente y chapucera y ha acabado siendo anulada por los tribunales”, ha sentenciado el edil.

Por su parte, desde el Gobierno municipal anunciaron ya el miércoles, el día que se conoció la sentencia del TSJA, que iban a comenzar de inmediato a elaborar una nueva normativa que cumpla con los requisitos legales. "El ayuntamiento ha reafirmado su compromiso inquebrantable con la protección de los suelos de huerta y regadío del municipio frente a la proliferación descontrolada de instalaciones de energía renovable. Tras conocerse la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) de anular la modificación aislada del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) número 214, el Gobierno municipal ha anunciado que retomará de manera inmediata la tramitación para su adaptación y aprobación definitiva", expresaron en una nota de prensa.

La resolución del TSJA se fundamenta exclusivamente en una cuestión procedimental, al señalar que el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) no se había pronunciado sobre el correspondiente trámite medioambiental durante el proceso. Ante esta situación, el Ayuntamiento ya ha comenzado los trabajos preparatorios para impulsar una nueva modificación en el mes de septiembre. Este nuevo proceso incluirá de forma escrupulosa la preceptiva tramitación ambiental ante el INAGA, con el firme objetivo de que la nueva normativa esté aprobada antes de finalizar el presente año.

El concejal de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda, Víctor Serrano, ha querido lanzar un mensaje de absoluta tranquilidad a los vecinos de los barrios rurales afectados, haciendo una férrea defensa de la gestión municipal que logró detener un vacío legal histórico. "Proteger la huerta de Movera fue un compromiso de la alcaldesa y de su equipo de gobierno", ha subrayado Serrano.

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