El Tribunal de Contratos de Aragón paraliza la adjudicación de la zona azul de Zaragoza

El contrato de la zona azul y naranja de Zaragoza, un servicio valorado en más de 90 millones de euros y con casi 11 años de duración, suma un nuevo capítulo en el culebrón en el que se ha convertido su adjudicación. Así, el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA) ha pedido suspender la tramitación del procedimiento atendiendo a la petición de una de las empresas licitadoras, que alerta de que las condiciones presentadas por la UTE formada por Indigo Park y Valoriza Servicios Medioambientales, a la que previsiblemente se le adjudicaba la explotación, no cumplían con los requisitos necesarios.

De este modo, el tribunal aragonés que vela por los contratos públicos en la comunidad atiende a la petición de la UTE formada por Eysa y MLN, que quedó como segunda puja mejor valorada, y se muestra dispuesto a valorar una posible anulación de la adjudicación una vez analizado el fondo del expediente.

En la resolución apelan al artículo 53 de la ley de contratos del sector público. Según avanzó EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, las empresas recurrentes aseguran haber detectado irregularidades que podrían ser motivo de exclusión de la oferta ganadora en la escasa información que aseguran haber podido constatar, porque también alertan de su "indefensión" de cara a acceder a los detalles de la propuesta de Índigo y Valoriza, de la que solo les han facilitado menos del 15% del contenido amparándose en la confidencialidad exigida por estas empresas y que el órgano de contratación no ha analizado ni motivado para concedérselo.

Destacan además que prácticamente "la totalidad de la oferta estaba censurada, más de 400 páginas con supuestos secretos comerciales y/o industriales" y que entienden que "no ha existido un análisis por parte del Órgano de Contratación o de la Mesa de Contratación para constatar y discernir si, efectivamente, las partes censuradas por la propia UTE contenían secretos comerciales o industriales merecedores de estar amparados por el derecho a la confidencialidad", exponen en su recurso. Por otro lado, habían alegado que la ganadora del concurso incluye el uso de instalaciones que no son suyas o que no se pueden utilizar para el contrato, como el parking de la Plaza Salamero o las oficinas de la actual concesionaria.

Con la suspensión por parte del tribunal aragonés de contratos se abre la puerta a revisar la adjudicación. Con todo, la prestación actual del servicio previsiblemente no corre peligro. De hecho, el Ayuntamiento de Zaragoza ha señalado recordar que la admisión a trámite de un recurso no supone, en ningún caso, que exista una resolución contraria al consistorio ni que el procedimiento haya sido anulado. "El TACPA deberá resolver en el plazo legal correspondiente si procede o no la suspensión y pronunciarse sobre el fondo del asunto", han precisado fuentes municipales.

Además, han citado que existen "precedentes muy claros" de recursos ante el tribunal aragonés de contratos que no han supuesto ningún cambio radical en los planteamientos iniciales. "En el expediente del algoritmo de prioridad semafórica del transporte público, el TACPA acabó dando la razón al Ayuntamiento de Zaragoza y avaló la actuación municipal", han manifestado.

Contaminación de sobres

El recurso que ha paralizado el concurso del estacionamiento regulado también se fundamenta en lo que la parte denunciante considera una "contaminación de sobres", una infracción de los pliegos que, según la normativa vigente, debería haber conllevado la exclusión automática del licitador. En este sentido, la impugnación denuncia que la adjudicataria incluyó datos técnicos clave dentro del sobre destinado exclusivamente a la oferta económica. Esto ocurrió tanto al detallar la instalación de 116 medidores de contaminación como al explicar el funcionamiento del nuevo sistema de reserva y vigilancia para las zonas de carga y descarga, dos propuestas que aparecieron en el documento equivocado y que no fueron penalizadas.

La gestión de las nuevas zonas azules y naranjas de Zaragoza, en los términos que estaba establecida hasta ahora, tenía previsto incrementar notablemente las plazas de pago, que pasarían de las 6.500 plazas actuales a 21.745, de las que el 77% se reservarán para residentes. También se contemplaba un cambio en las tarifas, pues estaba previsto que se fueran incrementando conforme aumentara el tiempo de estacionamiento para desincentivar su uso y favorecer así una mayor rotación de vehículos. El nuevo contrato, ahora en suspenso, también debía hacer frente a la instalación de cámaras de lectura de matrículas y control en los accesos de la zona de bajas emisiones.

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