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La polémica sobre la quiebra del spa de Ranillas llega al salón de plenos: "Las consecuencias pueden ser muy graves"

La oposición pide explicaciones a un PP frente a un caso en el que la Justicia ya ha tumbado más de una decisión tomada por el ayuntamiento

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Iván Trigo

Iván Trigo

Zaragoza

El concejal de Presidencia del Gobierno de Natalia Chueca, Ángel Lorén, ha comparecido este viernes en la comisión de su área a petición del PSOE "para dar cuenta de la gestión del gobierno en relación con el centro termal del Parque del Agua", unas instalaciones cuyo cierre hace cuatro años ha provocado un embrollo judicial y un concurso de acreedores al que están emplazados todos los miembros del anterior Gobierno municipal, incluido el actual presidente del Gobierno de Aragón. Según ha declarado Lorén, el interés del equipo de PP-Cs fue siempre defender "el interés general" y los "intereses del ayuntamiento" frente a una empresa, Cublan, que acumulaba una deuda millonaria "y que nunca había pagado el canon al consistorio". Sin embargo, los miembros de la oposición le lanzaron alguna que otra pregunta que se quedó sin responder.

Fue el concejal socialista Horacio Royo el que primero ha tomado la palabra para aclarar primero que no le genera "ningún tipo de regocijo las circunstancias personales que estén pudiendo atravesar los miembros del anterior Gobierno que están emplazados en un procedimiento concursal", y es que lo que tiene que determinar la Justicia, después de haber fallado ya en varias ocasiones contra las decisiones que tomó el ayuntamiento, es si la quiebra de Cublan fue responsabilidad de las decisiones del Gobierno municipal, motivo por el cual el ayuntamiento podría terminar teniendo que asumir la deuda de la concesionaria del centro termal. "Las consecuencias pueden ser graves", ha advertido el edil del PSOE. Entre otras cuestiones, el equipo de PP-Cs denegaron el permiso para hipotecar las instalaciones y poder hacer frente así a pagos pendientes y también denegaron la licencia.

En imágenes I Así está el spa de Ranillas, en el parque del Agua de Zaragoza

En imágenes I Así está el spa de Ranillas, en el parque del Agua de Zaragoza / JOSEMA MOLINA

"Todas decisiones que ustedes han tomado con respecto al spa de Ranillas han acabado anuladas por los tribunales. ¿Por qué hay una petición por parte de los acreedores, del administrador concursal y de la concesionaria de que se declare culpable al ayuntamiento en este proceso de acreedores? ¿Por qué este ayuntamiento, a pesar de que hay una sentencia firme para subrogar a la plantilla del spa, se ha declarado en rebeldía y ha sido condenado a abonar los salarios?", cuestionó Royo, que calificó la manera de actuar del PP de chapucera y autoritaria. Así, el socialista le ha demandado directamente a Lorén que desvele "bajo qué informes jurídicos" se adoptó una decisión para "negar la autorización para hipotecar la concesión". "¿Eran conscientes de que negar la autorización suponía el concurso de acreedores de la empresa y, por tanto, la rescisión de la concesión?", añadió Royo.

Y es que según el socialista, en una tesis que también defendió el concejal de ZeC, Suso Domínguez, "es muy complicado no pensar mal" porque en el año 2023, cuando se produjo la reversión de la concesión tras el concurso de acreedores de la empresa motivado por la decisión del Gobierno municipal que acabaron anulando los tribunales, se hizo público el interés de Juan Forcén por quedarse con las instalaciones del spa con una ofrerta de 4 millones de euros. "Cómo no quiere que pensemos mal", expresó el edil del PSOE.

"Este es un proceso en el que pudo haber cierta gente interesada en el tema. El señor Forcén, el amigo del señor Azcón que viaja con él a Miami, apareció en un momento como salvador", añadió el concejal de Zaragoza en Común.

Gerencia de Urbanismo

Por su parte, Ángel Lorén ha defendido que las decisiones han buscado siempre defender los intereses del ayuntamiento frente a un concesionario, Cublan, que no pagaba el canon y que acumulaba deudas con el consistorio. Sin embargo, no ha respondido a las preguntas que le han hecho sobre todas las decisiones que tomó el Gobierno de PP y Cs y que han sido anuladas por la Justicia. Sí que recordó el político popular que no solo fue el equipo del entonces alcalde el que acordó la denegación de la licencia, sino que la Gerencia de Urbanismo, un órgano del que forman parte todos los partidos, también votó a favor de denegar esa licencia. Y en esa Gerencia estaba precisamente Horacio Royo.

No obstante, el socialista se ha defendido que las concesiones o denegaciones de licencia son actos reglados contra las que un concejal no se puede oponer si existen los informes jurídicos que acompañan el expediente. "No podía votar otra cosa que denegar la licencia si lo que me dijeron ustedes a mí es que no habían subsanado las deficiencias por las que se le denegó la primera vez. Qué querían que hiciera. Lo que hice después de aquello fue empezar a abstenerme en todas las votaciones porque estaba cansado de que me mintieran. El problema es que el acuerdo que llevaron a Gerencia estaba basado en una mentira. Y por eso yo no estoy emplazado y usted sí", le dijo Royo a Lorén.

En este mismo asunto han profundizado desde Zaragoza en Común, una formación que también ha acusado al concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, a omitir "por razones que el grupo municipal sigue sin conocer, que las deficiencias señaladas inicialmente por el informe del Servicio de Bomberos ya habían sido subsanadas". "Esta omisión provocó que Zaragoza en Común emitiera un voto favorable al expediente (que incluía la denegación de la licencia) al no disponer de toda la información necesaria para adoptar una decisión con pleno conocimiento de los hechos", han justificado.

Por su parte, Lorén ha explicado que el Gobierno municipal está recabando información sobre el pasado de esta concesión para investigar "por qué la izquierda" lo adjudicó dos veces al mismo administrador después de una primera quiebra.

En el debate también ha participado la portavoz de Vox, Eva Torres, quien ha pedido conocer si el Gobierno ha provisionado ya una cantidad de dinero y cuánto en caso de que acaben declarando al consistorio como responsable de la quiebra de Cublan, mientras que la concejala no adscrita, Marisa Gaspar, ha pedido a los concejales del PP que colaboren con la justicia.

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