La polémica por el spa de Ranillas vuelve al salón de plenos de Zaragoza: "El ayuntamiento es el perjudicado"

La polémica surgida en torno a la concesión del spa de Ranillas de Zaragoza, con la concesionaria, Cublan, acusando al ayuntamiento de ser el presunto culpable de su quiebra por la denegación de la licencia de funcionamiento, ha vuelto al salón de plenos en hasta dos comisiones celebradas este jueves. En ambas, los concejales del actual Gobierno municipal del PP, en la línea de lo expresado en los últimos días, han defendido que el consistorio busca "defender el interés general".

El edil de Urbanismo, Víctor Serrano, ha expresado, a raíz de una interpelación del grupo de Zaragoza en Común, que lo que la empresa busca es "extraer" 20 millones a los zaragozanos con sus acusaciones y que "no se ha llamado a nadie a declarar". "Nos han emplazado a que demos traslado de las actuaciones que se realizaron", ha añadido, teniendo en cuenta que a Cublan se le denegó la licencia en noviembre de 2021 "por unanimidad de todos los grupos" al carecer de un informe de Bomberos que no se había incorporado al expediente "por error".

Según ha subrayado el concejal popular, la Justicia no obligó al consistorio a otorgar la licencia, sino a "retrotraer el expediente", incorporando dicho documento. "No nos van a torcer el pulso por mucho que nos amenacen", ha suscrito Serrano, quien ha recordado que "Belloch y Santisteve ya sufrieron a esta empresa". Todo, tras una interpelación del edil Suso Domínguez (ZeC) en la que este ha reprochado la actuación del anterior Gobierno de PP y Ciudadanos con este expediente.

Mientras, en la comisión de Hacienda, la concejala del ramo, Blanca Solans, ha comparecido a petición del Partido Socialista, grupo que afirma que el costo de dar de alta a los trabajadores de facto ha supuesto "casi 200.000 euros". "Y hay 40, por lo que puede llegar a más de dos millones", ha aseverado la socialista Marta Aparicio, que ha lanzado una batería de preguntas a Solans sobre las posibles consecuencias que podría tener el caso.

La responsable de Hacienda y Fondos Europeos se ha defendido, en primer lugar, subrayando que "esta concesión la inauguró Belloch" y que "no me consta que el ayuntamiento haya recibido nunca nada por el canon". De hecho, Solans se ha referido en todo momento a Cublan, ahora en concurso de acreedores, como "deudora", por sus compromisos pendientes con varias administraciones públicas. "El ayuntamiento es el perjudicado", ha insistido, incidiendo en que los concejales del anterior Gobierno municipal pueden defenderse como "afectados". "Es una garantía procesal, ya que la empresa quiere trasladar una responsabilidad muy importante", ha sentenciado.

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