El Ayuntamiento de Zaragoza reclama más de 300.000 euros al Gobierno de España por la regularización extraordinaria de inmigrantes

El Gobierno municipal del PP de Natalia Chueca va a aprobar definitivamente la reclamación al Ejecutivo central de la "compensación económica" por los gastos extraordinarios derivados de la aplicación del proceso extraordinario de regularización de inmigrantes en situación administrativa irregular. Tal y como han explicado el concejal de Presidencia, Ángel Lorén, y la concejala de Políticas Sociales, Marian Orós, el ayuntamiento reclama al Estado una compensación de 313.369,21 euros por los costes extraordinarios asumidos durante este procedimiento.

El expediente aprobado cifra en 149.494,56 euros el refuerzo del personal destinado a la organización y gestión administrativa del procedimiento, a los que se suman otros 163.874,65 euros correspondientes al operativo desplegado por el Área de Políticas Sociales para la atención telefónica, el registro de solicitudes y la elaboración de los informes de vulnerabilidad.

El acuerdo da continuidad a las actuaciones iniciadas el pasado mes de mayo, cuando el Gobierno de Zaragoza acordó impulsar todas las acciones legales necesarias para defender los intereses municipales ante una norma estatal que ha supuesto la asunción de nuevas obligaciones por parte de los ayuntamientos sin la correspondiente financiación.

El Real Decreto obligó a las entidades locales a emitir informes de vulnerabilidad imprescindibles para la tramitación de determinadas autorizaciones de residencia, "pese a tratarse de una función ajena a sus competencias propias", según denuncia el PP. "Además, este proceso se impuso sin criterios técnicos suficientemente definidos, sin aclaraciones por parte del Estado y sin dotación económica específica", añaden.

Más de 3.000 informes

Entre el 16 de abril y el 30 de junio, los servicios sociales municipales emitieron un total de 3.035 informes de vulnerabilidad, "un volumen de trabajo que obligó al ayuntamiento a movilizar recursos humanos y organizativos extraordinarios para atender las solicitudes presentadas durante el proceso", agregan.

"El Gobierno de Zaragoza considera que el Real Decreto presenta importantes deficiencias jurídicas al no definir con claridad los criterios para apreciar la situación de vulnerabilidad, trasladar nuevas obligaciones a las entidades locales sin respaldo competencial suficiente y generar importantes cargas administrativas y económicas para los ayuntamientos, vulnerando los principios de seguridad jurídica, eficiencia y lealtad institucional", han defendido tanto Lorén como Orós.

Además, el Gobierno municipal denuncia que la administración estatal "no ha respondido a las solicitudes de aclaración remitidas sobre aspectos esenciales del procedimiento, entre ellos si los servicios sociales municipales eran realmente los órganos competentes para emitir estos informes, qué criterios debían aplicarse para valorar la vulnerabilidad, si el Estado iba a aportar financiación para asumir esta carga de trabajo extraordinaria o si estaba prevista una ampliación de los plazos de tramitación".

Con esta reclamación previa, el Ayuntamiento de Zaragoza solicita al Gobierno de España que "asuma la responsabilidad derivada de la implantación de este procedimiento extraordinario" y compense económicamente al consistorio por los gastos ocasionados, reservándose el ejercicio de las acciones judiciales que correspondan en defensa de los intereses municipales.