El Gobierno de Aragón estrecha el cerco sobre las VTC que operan sin licencia en Zaragoza

El Gobierno de Aragón, un año y medio después de la última regulación al respecto, va a emitir una nueva orden para intentar regular el caos que gobierna en el sector del transporte de pasajeros con conductor, esto es, en la polémica nunca acabada entre los taxistas y las multinacionales de VTC. Así lo ha anunciado el consejero del ramo del Gobierno de Aragón, Octavio López, después de una reunión que ha mantenido precisamente con los representantes del taxi en la capital aragonesa, donde se concentran los encontronazos. Esa orden servirá para dar "seguridad jurídica" a las sanciones que se impongan en caso de incumplimientos de la normativa en vigor, algo que venían pidiendo los taxistas desde hace meses.

Es más, desde la asociación provincial de Autotaxi de Zaragoza habían anunciado antes de la reunión de este jueves que, en caso de no sentirse escuchados por las Administraciones -en la reunión también ha estado presente la concejala de Movilidad de la capital aragonesa, Tatiana Gaudes- iban a realizar una serie de paros en las próximas semanas coincidiendo con los momentos de mayor aglomeración en la ciudad, como son el Vive Latino (5 y 6 de septiembre) y las Fiestas del Pilar (del 10 al 18 de octubre). Finalmente, tras el encuentro entre las partes y según ha confirmado el presidente de la organización que representa a los taxistas, Míchel Izaguerri, esos paros no se van a llevar a cabo. El sector plantea ahora una tregua en sus movilizaciones para comprobar cómo funciona este endurecimiento de la normativa.

Esa orden que emitirá el consejero de Transportes definirá de una manera más concreta los casos en los que la Policía Local o los inspectores de la DGA encargados de revisar la labor de las VTC podrán sancionar o incluso inmovilizar a los coches de Bolt, Uber y Cabify que operen dentro de los límites de la capital aragonesa sin la preceptiva licencia del consistorio. Y es que hasta ahora, cuando un agente paraba a uno de estos coches y este no contaba con el permiso del ayuntamiento para poder trabajar dentro del término municipal de Zaragoza, el vehículo podía quedar inmovilizado al menos según la teoría, pero en la práctica la cosa se complicaba, sobre todo cuando se estaba dando servicio a un cliente.

Los datos hablan por sí solos. Desde que se aprobó, en marzo de 2025, la orden que permitía inmovilizar a los VTC que circulaban sin licencia en Zaragoza, estos coches acumulan más de un millar de expedientes sancionadores tramitados "por incumplimientos de la regulación", explica la DGA. Sin embargo, de todos los coches que fueron pillados, solo se inmovilizaron 25, la mayoría de ellos los primeros días en los que estuvo en vigor la orden. Después aparecieron las dudas y los propios agentes no se atrevían a poner en práctica aquello que la orden establecía por las dificultades a la hora de aplicar la normativa.

Así, "a la vista de la experiencia acumulada durante estos meses, el Gobierno de Aragón considera necesario introducir mejoras que permitan actuar con mayor eficacia frente a quienes desarrollen actividades de transporte de viajeros sin la autorización correspondiente o vulnerando las condiciones establecidas por la normativa", han argumentado desde la consejería de Transportes.

El propio consejero del ramo ha reconocido que es necesario disponer "de una nueva norma que interprete con claridad y dé seguridad jurídica a los agentes que tienen que aplicarla, a los profesionales que desarrollan la actividad y a los usuarios". Asimismo, López ha agradecido la actitud constructiva y la colaboración mostrada por el colectivo del taxi durante la reunión y ha destacado que las propuestas planteadas por el sector son "mesuradas, objetivas, razonables y posibles".

Un VTC por cada 30 taxis

Pero estas no serán las últimas medidas que se tomen y es que garantizar la convicencia entre los taxis y las VTC es una tarea harto complicada. Los taxistas se quejan de que las VTC operan con normativas mucho más flexibles que ellos y que la legislación que existe se la saltan. Las VTC que los tribunales les han dado la razón y que algunas normas que existen para regular el sector contravienen las leyes europeas en materia de competencia. Y en estas cada ciudad y cada comunidad autónoma cuenta con su propia regulación.

En Aragón, las VTC deben contar con una autorización del Gobierno de Aragón para poder operar. Eso sí, ese permiso solo les permite trabajar en zonas interurbanas, es decir, haciendo trayectos entre diferentes municipios. Para poder captar clientes y trasladarlos a un punto dentro de la misma ciudad de recogida, es decir, cubrir el mismo servicio que hacen los taxis, es necesario además contar con una licencia que otorgan los propios ayuntamientos.

En este caso, esta cuestión solo se da en Aragón en Zaragoza, donde el consistorio tiene concedidas 59 licencias de VTC para hacer servicios dentro de la ciudad, un número que cumple con la normativa 1 VTC por cada 30 taxis, una proporción que se marcó como guía y que la Justicia europea ha considerado que incumple las normas en materia de competencia. De ahí que todavía haga falta una normativa más concrete que termine con todas estas dudas.

Nueva Ley de Transporte

De ahí que Octavio López haya anunciado que este mismo mes de septiembre iniciará los trámites para poner en marcha una mesa de diálogo con todos los actores del sector para trazar un borrador que sirva como percha de una futura ley autonómica de Transporte que regule todos estos aspectos y polémicas que han rodeado y rodean a la convivencia de los taxis y las VTC. No obstante, según ha calculado el consejero, no será hasta dentro de un año, en septiembre de 2027, cuando ese proyecto de ley comience a tramitarse en las Cortes, donde podrá pasarse otro año más.

Estos plazos chocan con los que el mismo consejero dio durante el mandato anterior, puesto que entonces ya, con otro director general, eso sí, se había puesto en marcha una mesa de diálogo entre las partes. Según explica el presidente de los taxistas, el borrador de esa nueva ley estaba "casi listo". "Las negociaciones estaban muy avanzadas. Ahora volvemos a la casilla de salida. Hemos empezado de cero y hemos perdido dos años", lamenta Izaguerri.

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