La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa va a presentar una queja ante el Justicia de Aragón y el Defensor del Pueblo por la falta de aprobación de Oferta de Empleo Público en los años 2012 y 2013.

En una nota de prensa, la asociación recuerda que tanto el Estatuto Básico del Empleado Público como la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón imponen la obligación de aprobar con carácter anual una Oferta de Empleo Público que incluya, necesariamente, la totalidad de las plazas vacantes ocupadas por funcionarios interinos.

La falta de inclusión de éstas motivó precisamente la anulación de las Ofertas de 2007 y 2011, por sendas sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, aún pendientes de ejecución aunque la asociación ha instado del TSJA la ejecución forzosa de las mismas.

Indican que "ni los ajustes presupuestarios ni la grave crisis económica" son razón suficiente para suspender el respeto y la vigencia de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, entre los que se encuentre el de acceso a la función pública en condiciones de igualdad y en los términos previstos en la ley.

Y dichos términos legales son, precisamente, "que anualmente se apruebe la correspondiente Oferta de Empleo Público, incluyendo la totalidad de las plazas ocupadas por interinos".

Añaden que el respeto de las condiciones de acceso a la función pública "no está reñido en absoluto con el redimensionamiento de las administraciones públicas o la reducción de efectivos", sino que las ofertas de empleo público "ordenan el acceso a la función pública, no su tamaño".

Una vez determinado el número y calidad de los funcionarios precisos para asegurar el funcionamiento de los diferentes servicios públicos, ha de asegurarse que la selección de dicho personal se realice conforme a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, garantizando el derecho de acceso que reconoce la Constitución a todos los ciudadanos españoles, se indica en la nota.

Por lo tanto, los ajustes presupuestarios "han de incidir en la dimensión o número de plazas de que se dotan las administraciones, pero no pueden suspender las garantías constitucionales del régimen de acceso a la función pública, máxime en una situación de paro como la existente actualmente".

Así, aseguran que la congelación de la oferta de empleo supone "una vulneración del derecho al trabajo en el sector público que corresponde a todos los ciudadanos, tras superar los procesos selectivos en los que demostrar el correspondiente mérito y capacidad".

Además, alertan de que las altas tasas de interinidad existentes en el sector público sirven "para debilitar la posición del funcionario frente al poder político e incrementan los riesgos de arbitrariedad, abusos y corrupción".