Desde la Asociación de Padres de Familia Separados (APFS) aplaudieron en su día la entrada en vigor de esta ley, como lo han hecho después en Navarra y Cataluña. Están muy satisfechos del espíritu con el que nació, y los problemas a la hora de aplicarla en plazos razonables no parecen frenar mucho el entusiasmo. Como dice Daniel Rodríguez, presidente de la delegación aragonesa de la asociación, "la demora se veía venir".
"La ley va funcionando, pero lentamente. Por el momento no podemos decir mucho más, porque depende del trabajo de los servicios sociales, y no llegan a todo, ya sabíamos que iba a pasar. Por una vez le damos la razón a los jueces (Ríe), porque les faltan medios y la necesidad de analizar caso por caso retrasa mucho las cosas".
En cualquier caso, en la asociación son firmes partidarios de la normativa, que a su juicio ha solucionado una costumbre injusta. "En España tenemos el grave problema a la hora de las separaciones de que un niño vale un piso. Antes de esta ley no se miraba caso a caso, solo se decidía cuándo verá el papá a los niños, porque la mujer se quedaba automáticamente la vivienda y la pensión. El mutuo acuerdo solo se daba cuando el padre cedía el piso sin llegar a juicio", opina Rodríguez.
