Esta campaña de la renta llega en mal momento. Más de un asalariado, autónomo o empresario en general se estará planteando si merece la pena seguir cumpliendo con sus obligaciones fiscales, cuando a quienes no lo hacen se les perdona. Y es que cada vez se está más convencido de que los que más pagan son los pobres porque ese dinero negro del que tanto se habla no suele estar en casa de quienes tienen una nómina ni en la de los autónomos. Mucho se les llena la boca a los gobernantes con acabar con el fraude fiscal porque hace mucho daño pero ningún gobierno ha conseguido resultados aceptables porque nunca han puesto los medios suficientes. El actual, no va a ser menos, y seguro que el próximo gobierno seguirá hablando de acabar con los defraudadores.
El "proceso de regulación de activos ocultos" que dice Cristóbal Montoro (qué manía de no llamar a las cosas por su nombre), o sea, la amnistía fiscal, es una tomadura de pelo, ineficaz y aún más permisiva para el que tiene dinero y no lo quiere airear a Hacienda. Rajoy ha decidido que los defraudadores amnistiados paguen el 10% del dinero que afloren, y a los trabajadores que menos ganan les aplica un IRPF del 24,75%, un 0,75% más de lo que pagaban hasta enero. Sensacional y justo, ¿verdad?
Lo de limitar los pagos en efectivo a 2.500 euros es otra medida poco práctica. Primero, porque la penalización de un 25% del importe de la transacción es muy baja y solo va a implicar más fraude. Y segundo porque las operaciones con dinero negro son muy difíciles de detectar. Como al Gobierno le parece poco, aún ha anunciado que en los tres próximos meses pondrá en marcha un plan antifraude. En fin...
Mientras, Hacienda, que debe perseguir la evasión con todos sus medios, seguirá pintando con el IRPF dos universos irreales: los que pagan mucho y los que pagan poco. Como para fiarse.
