La plataforma por la defensa de la escuela pública mostró ayer su desacuerdo con los autos judiciales del TSJA que permiten tanto la apertura como el concierto del colegio Ánfora. "Entendemos que el derecho a la escolarización está garantizado y que la justicia puede suspender o declarar nulos actos administrativos, pero la competencia sobre centros y conciertos corresponde al Gobierno de Aragón", indicó el colectivo, que lamentó la situación creada y el "desaguisado de Cuarte". En un comunicado, la plataforma dice entender la educación como "un derecho básico de la ciudadanía, y no puede ser tratada como una fuente de beneficios privados, mucho menos inmobiliarios" y resaltó que "una adecuada planificación de la forma de atender las necesidades educativas de la población, realizada en colaboración con los vecinos y sus organizaciones sociales, evitará conflictos como el presente".
Por otra parte, la organización se congratuló de que la nueva Administración haya puesto a disposición del público el expediente relativo a la creación y concertación de ese centro y subrayó que ese acceso a la información pública "no ha hecho más que confirmar lo que noticias parciales nos llevaban a intuir: que se trata de un proceso plagado de irregularidades", entre ellas, citó el "incumplimiento" del decreto sobre autorizaciones de centros docentes privados para impartir enseñanzas de régimen general no universitarias, así como diferentes artículos del decreto que establece el reglamento de normas básicas sobre conciertos educativos, y hasta la propia orden de 30 de diciembre de la consejería de Educación por la que se convoca el procedimiento para el acceso y modificación de los conciertos.
