La ley de renta básica fue uno de los puntos cruciales del acuerdo de investidura entre los partidos de la izquierda. Y también una promesa electoral del PSOE. Así, durante los primeros meses del Gobierno de Javier Lambán la futura norma, acogida con expectación por el hecho de anteponer a las personas sobre cualquier otro tema de la agenda política, se coló en ruedas de prensa, en canutazos con los medios y el Ejecutivo se aventuró a poner fechas.

Tras el Consejo de Gobierno del 21 de julio del 2015, se habló de abrir un proceso de participación para aprobar el proyecto de ley antes de que terminara el año. No se llegó a tiempo, pero siempre se dejó claro que sustituirá al IAI y a las ayudas de integración familiar. Sí que se inició la ronda de encuentros con las entidades que trabajan por la inclusión, agentes sociales, colegios profesionales y administraciones locales. Todo ello dentro de un proceso en el que, en ningún momento, se ha detallado a cuánta gente beneficiaría.

A la vista de no poder aprobarla antes del 2015 y con los nuevos presupuestos pendientes de refrendar, la consejera de Servicios Sociales, María Victoria Broto, habló de "muy a principios" del 2016. Pero la fecha tampoco se cumplió y, pese a que el borrador del proyecto de ley ya está listo desde el 1 de diciembre, todavía no hay noticias de la norma. Por ahora, la última previsión del Gobierno autonómico es que la renta básica se apruebe en las Cortes en abril. Quién sabe si esa será la fecha definitiva.