La Dirección General de Trabajo del Gobierno de Aragón ha impuesto, a propuesta de la Inspección, una multa de 25.000 euros a la Cooperativa del Campo de San Roque, de Morata de Jalón, por el "grave" incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales detectado tras fallecer su empleado J. M. M. P. en un accidente de trabajo registrado el 4 de enero del año pasado.

Para esas fechas hacía ya casi doce años --desde enero del 97-- que se había promulgado el reglamento de los Servicios de Prevención, que establecía para las empresas la obligación de evaluar sus riesgos laborales "teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad, los puestos de trabajo existentes y los trabajadores que los desempeñan", así como "aquellas otras actuaciones que deben desarrollarse" en la factoría. A partir de ese primer estudio, las sociedades debían acometer "el proceso de necesaria ordenación de las actividades preventivas necesarias para eliminar o reducir y controlar los riesgos puestos de manifiesto por la evaluación".

Cuando ocurrió el accidente en el que perdió la vida J. M. M. P., la Cooperativa San Roque no había dado ni siquiera el primer paso. "La propia empresa admite (...) que carecía de la evaluación", señala la resolución sancionadora de la DGA, que destaca la "trascendencia grave" que una conducta de ese tipo entraña "para la integridad física o la salud de los trabajadores, pues es evidente que sin conocer los riesgos existentes, no es posible establecer la consecuencia que los mismos pueden tener" para los integrantes de la plantilla.

La cooperativa presentó alegaciones para tratar de reducir la cuantía de la sanción, pero Trabajo las desestimó. La empresa argumentó que no podía imponérsele la sanción en su grado máximo porque no se daban las siete circunstancias agravantes que recoge la legislación. Sin embargo, según respondió la DGA, el Supremo tiene establecido que basta con que se den dos de ellas. Y en este caso se daban: "el número de trabajadores afectados y la gravedad de los daños producidos".

El asunto regresó a la vía administrativa después de que a finales de junio la Audiencia Provincial de Zaragoza ratificara el sobreseimiento de las diligencias abiertas por el Juzgado numero 2 de La Almunia para investigar el accidente mortal.