La secretaria de la sección de turno de oficio y servicios de orientación del Colegio de Abogados de Zaragoza, Julia Ruiz, ha denunciado que con la nueva normativa, pese a que el retraso en los cobros se ha reducido, "las cosas no han cambiado para mejor", y que el Gobierno no acepta sus alegaciones.
Así se ha referido la abogada al nuevo reglamento aprobado por el Gobierno de Aragón, que no ha recogido "ninguna" de sus peticiones y que cree que "desconfía" de ellos.
Ha criticado también que durante los fines de semana solo haya un letrado de guardia, cuando en ocasiones son necesarias hasta 11 actuaciones diarias de diverso tipo, además de que se les exija presentar todas las sentencias y resoluciones administrativas y que investiguen los bienes de sus clientes para cobrar su "exigua" subvención.
Por su parte, su compañera Eva María Escanero ha recalcado que "la justicia no tiene color político" y que los problemas arrancan con el traspaso de las competencias a la Comunidad Autónoma y se han venido arrastrando con los sucesivos gobiernos.
Al igual que su compañera ha declarado que espera "con ansias" la aprobación de la nueva Ley de Garantía Jurídica Universal, que se tramita actualmente como proposición de ley presentada por el Grupo Popular.
En las intervenciones de los grupos parlamentarios, el popular Fernando Galve ha culpado al "cuatripartito de izquierdas" de esta situación y ha reprochado a Podemos que no hubiera puesto la justicia gratuita como condición a su apoyo a los presupuestos en lugar de la educación concertada.
El socialista Enrique Pueyo ha recordado que en 2016 se aprobaron dos leyes, una sobre organización del turno de oficio y otra sobre remuneraciones y que estas son un 20 por ciento superiores a las que establecía el decreto de 2015, del anterior Gobierno, e incluyen también nuevos servicios, como la asistencia en casos de desahucios, a lo que Escanero ha respondido que ya se venían recogiendo con anterioridad.
Por Podemos, Alfonso Clavería ha indicado que "la pelota" está en "el tejado" del Gobierno de Aragón y ha pedido un desarrollo normativo autonómico "claro" para un servicio que no puede depender de la caridad ni de la precariedad.
La diputada del PAR María Herrero ha coincidido en que la situación ha empeorado, que el pasado presupuesto fue una "chapuza" en lo que respecta a la justicia gratuita y que la gestión del actual Ejecutivo está siendo un "desacierto continuo desde el principio hasta el final".
Ramiro Domínguez (Ciudadanos) ha anunciado que recogerán las reivindicaciones del colectivo para el periodo de enmiendas de la nueva ley ya que las comparten "al dedillo" por ser en beneficio de los ciudadanos, a la vez que ha denunciado que el Gobierno "no ha tenido sensibilidad" en este asunto.
En representación del Grupo Mixto, Patricia Luquin (IU) ha asegurado también que "no se puede entender" que no fuera atendida ninguna de sus alegaciones y ha expresado su preocupación por los obstáculos al pago a estos profesionales.
