A Granada Ripollés se le vino el mundo encima cuando en la última sesión de la vista celebrada en Zaragoza para dilucidar la responsabilidad económica por el siniestro del Yak-42, los abogados de la defensa argumentaron que era preciso repetir el juicio. "Estuvo a punto de darme algo", señala Granada, que es hermana del comandante Ripollés, uno de los 62 militares españoles que murieron el accidente.

Pero ella no fue la única persona que reaccionó así. Todos los miembros de la Asociación de Víctimas del Yak-42, que abarrotaban la sala de vistas, se sobresaltaron al oír ese comentario de los letrados de la compañía Chapman Freeborn, a la que piden 63 millones de euros en concepto de indemnización.

Su preocupación es comprensible. El juicio de cuatro jornadas celebrado la semana pasada en los Juzgados de Zaragoza es en realidad la repetición del proceso que ya se llevó a cabo a principios del 2006 y que acabó con la condena de Chapman a pagar 9,5 millones al conjunto de los perjudicados.

Sin embargo, "esta nueva maniobra para dilatar el juicio", como la denomina Miguel Ángel Sencianes, presidente de la asociación de víctimas, no cogió enteramente por sorpresa a los familiares de los fallecidos, de los que más de 20 prestaban servicio en unidades de Zaragoza.

Los abogados de Chapman "no han hecho más que entorpecer el procedimiento desde que empezó", subraya Sencianes. "En el primer juicio se inventaron que el responsable de la compañía, Russi Batliwala, no había sido citado debidamente y ahora piden nuevas pruebas y que todo pase de la jurisdicción civil a la contencioso-administrativa".

INCOMPARECENCIA Batliwala tampoco compareció en la segunda edición del juicio, pese a que se le había citado con todas las de la ley, una actitud que, en opinión de los perjudicados, no solo demuestra que "tiene miedo a dar la cara", sino que además "deja todo el trabajo sucio en manos de sus letrados".

"Ese tal Batliwala es un jeta", se desahoga Paco Cardona, padre de otro de los fallecidos, que saltó como un resorte cuando los abogados de Chapman arguyeron que los demandantes no habían demostrado su parentesco con los muertos. "Muchos nos hicimos la prueba del ADN una vez y algunos hasta dos veces", recuerda Cardona, "para contrastarlo con los restos de 30 militares que no habían sido identificados". A Araceli Saz, que perdió a un sobrino, no le extrañan las "marrullerías" de Chapman. "Lo suyo es indefendible y por eso se dedican a poner trabas y a hacernos daños a los familiares", declara.