El pleno de las Cortes de Aragón ha aprobado hoy la ley de autoridad de profesionales del sistema sanitario y de servicios sociales públicos de la comunidad cuyo objetivo es que puedan desempeñar su trabajo en las mejores condiciones posibles y gocen de la presunción de veracidad.

En virtud de esta ley, que han apoyado PP y PAR, que ha respaldado en su mayor parte el PSOE, salvo en los aspectos en los mantenía enmiendas para reclamar más medios para los profesionales, y han rechazo CHA e IU, los trabajadores de ambos sistemas gozarán de la presunción de veracidad en sus informes y declaraciones, así como de la protección reconocida en el ordenamiento jurídico.

En la exposición de motivos se hace hincapié en que las agresiones físicas o verbales a los profesionales sanitarios y sociales por parte de pacientes, usuarios, familiares o sus acompañantes en el ejercicio de sus funciones representan un motivo de preocupación para dichos profesionales, aunque no se dispone de estadísticas que reflejen que la dimensión real de este problema sea alarmante.

El objetivo de la ley es reconocer y apoyar a los profesionales del sistema público sanitario y social de Aragón, reforzando su autoridad y procurando su protección y respeto en el ejercicio de sus funciones con el fin de conseguir una adecuada convivencia en todos los centros del sistema.

También incrementar la sensibilización, prevención y resolución de conflictos y promover una atención sanitaria y social en los valores propios de una sociedad democráticamente avanzada a todos los pacientes y usuarios.

En declaraciones a los medios de comunicación en las Cortes, el consejero de Sanidad, Ricardo Oliván, ha destacado la bondad de la ley porque cuenta con el consenso de todos los sectores sanitarios y de los servicios sociales.

Y con ella, ha dicho, se pretende que prevalezca la opinión del profesional y "darle la vuelta a la carga de la prueba", de forma que sea el paciente el que tenga que demostrar que el profesional se ha equivocado.

En defensa de la ley por el PP ha intervenido Carmen Susín, quien ha remarcado que con su aprobación se cumple un compromiso electoral de su partido y se da respuesta a la preocupación de los profesionales ante unas conductas que no deben permitirse en ningún caso porque rompen el vínculo de confianza los pacientes y los profesionales, buscando reforzar la autoridad de éstos en sus decisiones.

Manuel Blasco, del PAR, ha insistido en la importancia de reconocer la autoridad de estos profesionales dada la preocupación que tienen ante los casos de violencia y ha apuntado que, según los datos del Observatorio de Agresiones de la Organización Médica Colegial (OMC), los médicos han sufrido 1.363 agresiones en los últimos tres años en el ejercicio de su profesión en España (el año pasado 416 casos, el 18 por ciento con lesiones).

Eduardo Alonso, del PSOE, ha reconocido que se ha admitido aproximadamente la mitad de las enmiendas presentadas por su grupo pero los socialistas no han apoyado la ley en su totalidad porque no se han admitido las que más "fuste" tenían.

Las enmiendas socialistas estaban relacionadas con una mayor dotación de medios para mejorar la calidad de los servicios, la recuperación de las condiciones laborales de los profesionales y la aprobación de una memoria económica para la puesta en marcha de la norma.

En contra de la ley ha intervenido la portavoz de CHA, Nieves Ibeas, quien ha recordado que su grupo presentó una enmienda a la totalidad pidiendo su devolución porque es "una cortina de humo" que "jamás podrá resolver el desaguisado" que el Gobierno está provocando con sus políticas en sanidad y en los servicios sociales.

Ibeas ha insistido en que no hay autoridad posible capaz de garantizar la calidad cuando los mismos partidos que impulsan esta norma, que "criminaliza" a los pacientes, impulsan medidas para el "desmantelamiento" de la sanidad y los servicios sociales y no afronta los problemas "de fondo y de superficie" de ambos sistemas como si todo fuera una cuestión de autoridad del personal.

IU también presentó una enmienda devolución porque, según ha dicho su portavoz, Patricia Luquin, no es una ley prioritaria para garantizar la calidad de la sanidad y los servicios sociales y es un "brindis al sol" porque se intenta "vender una figura legal" que a efectos prácticos va a tener poca aplicación.

"Una ley que no va a tener efectos prácticos, no sabemos para que sirve", ha incidido Luquin, quien ha criticado que sea la primera norma que impulsa el departamento de Sanidad, poniendo el "foco en algo que no es crucial ni prioritario", dado que el funcionario ya es autoridad y lo que necesitan estos profesionales son recursos económicos, materiales y humanos suficientes para garantizar que puedan ejercer su trabajo.