El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Jaca dictó ayer auto de archivo definitivo de la denuncia presentada contra cargos del Gobierno de Aragón por supuestas irregularidades en el traslado de los restos de lindano que en el año 2014 ocasionaron un episodio de contaminación del río Gállego que afectó a todas las poblaciones ribereñas entre Sabiñánigo y Zaragoza.
El auto del órgano judicial, que revalida el archivo provisional dictado hace unos meses, no es recurrible, por lo que no existen responsabilidades penales. La denuncia por presuntas anomalías en la transferencia del lindano desde el antiguo vertedero a otro nuevo ubicado en el barranco de Bailín, cerca de Sabiñánigo, fue presentada por Ecologistas en Acción.
Esta organización dedicada a la protección del medio ambiente manifestó ayer que se encuentra estudiando la resolución judicial y que el próximo lunes emitirá una nota de prensa con su postura sobre el asunto. Quienes sí se pronunciaron sobre la iniciativa judicial fueron los miembros de la Coordinadora de Biscarrués. «Es lamentable que se haya archivado la denuncia», subrayó ayer Lola Giménez, portavoz de la entidad ciudadana. «Significa que, pese a que hubo un delito, nadie va a pagar por ello», añadió.
El archivo del asunto viene en gran medida determinado por el hecho de que, en su día, ninguna de las acusaciones, desde la Fiscalía a la Abogacía del Estado, pasando por la propia organización conservacionista, impugnó el archivo provisional.
La denuncia de Ecologistas en Acción iba dirigida contra 14 personas que desempeñaron distintos papeles en el proceso de traslado de los restos del antiguo al nuevo vertedero, en la que se ha determinado que se produjo una fuga que acabó llegando al río Gállego.
TEMOR / Mientras tanto, en los pueblos que en el 2014 se vieron perjudicados por la contaminación de las aguas del Gállego, mantienen que «el problema todavía no se ha resuelto», en palabras de Lola Giménez. «En los pueblos se utilizan filtros de carbono en las tomas de agua, pero en todos los vecinos existe el temor de que pueda darse otro episodio de contaminación», manifestó la portavoz de la Coordinadora de Biscarrués.
El auto de archivo definitivo supone poner fin a la investigación judicial por vía penal, pero los denunciantes y perjudicados podrían recorrer a otros ámbitos de la Justicia.
