Auxiliares de enfermería y celadores también serán considerados autoridad, al igual que médicos y enfermeras, aunque la futura designación únicamente se asignará al personal sanitario del sector público. Así quedó de manifiesto en la reunión del grupo de trabajo de la mesa de Sanidad que se celebró ayer en el departamento y que estuvo presidida por el director general de Planificación y Aseguramiento, Antonio Villacampa.
De este modo, la Administración descarta su aplicación en el sector privado argumentando "dificultades jurídicas" y pone muchas trabas en el caso del concertado, aunque en este último caso (que alcanzaría, por ejemplo, al personal de residencias concertadas con el Instituto Aragonés de Servicios Sociales) todavía se está estudiando la viabilidad. Ese rechazo momentáneo a extender la catalogación dejó sin opciones la petición del Colegio de Médicos, que había solicitado que todos los sectores pasaran a gozar de esa consideración de autoridad pública.
Pero Aragón sí será una de las comunidades pioneras en ampliar esa distinción a auxiliares de enfermería y celadores, una medida aplaudida, entre otros, por el sindicato CSIF. "La veníamos reclamando desde hace tiempo", apuntan.
Además, la aplicación será inmediata. De hecho, los representantes de la Administración hicieron saber a la comunidad sanitaria que la decisión ya está tomada y que se va a tramitar de inmediato su legislación en las Cortes. A pesar de la imposición, la mayoría de los componentes de la mesa se mostraron conformes con el nuevo tratamiento, por el que el personal sanitario pase a gozar de presunción de veracidad en caso de conflicto con un paciente, lo que le otorga protección jurídica y adquiere un carácter disuasorio para prevenir agresiones físicas y verbales.
Sin embargo, la asimilación no fue unánime. Varios colectivos transmitieron sus dudas acerca de la posibilidad de que la catalogación deteriore la relación entre el paciente y su médico. "Esa relación es más importante que alguna medicación en algunas ocasiones", advirtieron desde el Foro Aragonés del Paciente, que mostraron su deseo de que la autoridad pública "no suponga que el médico imponga su autoridad, sino que haya consenso con el paciente o, en caso de rechazar una propuesta, que lo razone".
ERROR DE CONCEPCIÓN En el documento expuesto ayer por Sanidad en la mesa, la Administración reflexiona sobre la necesidad de la implantación de la autoridad pública y apunta que "el problema no nace de un desprestigio o deterioro de las labores médicas, sino de una anormal concepción de las relaciones que genera la prestación de los servicios públicos que se ha asentado en parte de la ciudadanía, que confunden el hecho de que alguien les preste un servicio con la posibilidad de ser, ellos mismos, los que configuren el cómo, el cuándo, el dónde y el por qué de dicho servicio y actúan violentamente ante alguna discrepancia".
Desde diciembre del 2007, los juzgados penales dictan sentencias condenando como delito las agresiones de médicos y enfermeras del sector público. Esa designación como funcionario supone, además de la pena por el delito de agresión, otra de 1 a 3 años de prisión por el delito de atentado, teniendo en cuenta que si el autor se prevaliera de su condición de autoridad, agente de la autoridad o funcionario, la pena sería de 3 a 4 años y 6 meses.
La próxima reunión será el día 21 y tratará sobre la calidad de la sanidad.
