Autobuses Urbanos de Zaragoza (AUZSA) incluyó en el coste de liquidación de la anterior contrata, TUZSA, y puesta en marcha de AUZSA, 198.676 euros correspondientes a una sanción interpuesta por Trabajo por incumplir la ley y no avisar a los 153 trabajadores afectados por el ERE del 2013 con los días de antelación que obliga la ley. El Ayuntamiento de Zaragoza estudia acudir a los tribunales al considerar que no puede imputar como gasto una multa.
El departamento de Servicios Públicos está analizando cada céntimo abonado a AUZSA tras las irregularidades detectadas en la liquidación de la anterior contrata. La empresa del autobús facturó 1,9 millones de euros en concepto de indemnizaciones por la reestructuración de su plantilla. Esta cantidad incluye la cuantía de la sanción. Los trabajadores conocieron que habían sido despedidos al ver en sus cuentas bancarias el ingreso de la indemnización, sin previo aviso.
PASARÁ POR EL PLENO
El concejal del ramo, Alberto Cubero, ha solicitado informes a los servicios jurídicos, de contratación y patrimonio y públicos --ya que en la anterior legislatura el área de Movilidad correspondía a esta concejalía-- para que analicen si la contrata cumple con el pliego de condiciones. Según el resultado, elevará al pleno la declaración del acto lesivo para que sea un juez del contencioso administrativo el que dicte "si hay que pagar las indemnizaciones de los trabajadores y la sanción de Trabajo". El pliego de condiciones contempla que el consistorio nunca asumirá los gastos que pueda generar la alteración de la plantilla.
El anterior Gobierno socialista aprobó 48 horas antes de que el alcalde, Pedro Santisteve, tomara posesión del cargo un acuerdo por el que se incluía en el proceso de liquidación de TUZSA y su traspaso a AUZSA el pago de 104.202 euros en concepto de Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) y 1.915.783 euros en indemnizaciones por reestructuración de personal.
En el informe del coordinador General de Área de Presidencia, Economía y Hacienda, aprobado por el anterior Ejecutivo no aparece reflejado que, entre los gastos facturados al consistorio, se incluya la sanción de Trabajo. En cambio, sí que se detalla en uno de los ocho expedientes sobre el proceso de liquidación y puesta en marcha de la empresa del bus que contempla el documento de estructura de contabilidad interna de personal de AUZSA. Lo curioso de este informe, según explicó Cubero, es que no está sellado ni fechado y tampoco contiene la fecha del registro de entrada. "Podría haberlo hecho cualquiera", apuntó. "Todos los documentos que entran en el consistorio tienen que tener un registro, este es el único que no", explicó. Una casualidad, insinuó, "un tanto sospechosa".
Cubero criticó a la empresa por pretender que sea la Administración pública la que tenga que "pagar las multas" de la empresa. "Esto es la mala práctica de una mala práctica. Primero despide de forma improcedente y sin preaviso y luego quiere que el ayuntamiento pague su multa", criticó
La liquidación y puesta en marcha no ha estado exento de polémica. Los informes de la Dirección de Finanzas y del servicio de Movilidad, incluyen la necesidad de resolver "la procedencia o no del abono de los costes de puesta en marcha y la corrección o no del cálculo de los activos que se transfieren al iniciar la concesión". Estos concluyen que las cifras discrepan con las de la Unidad de Estudios Económicos. De hecho, no hay ningún argumento en el acuerdo que justifique esta cantidad, se limita a "aceptar" la valoración de gastos justificada por la empresa. Y el pliego ya apuntaba que el consistorio nunca asumirá esos gastos.
