Ante la posibilidad de que el Ayuntamiento de Zaragoza inicie un proceso judicial para solicitar la anulación de las inmatriculaciones de algunos templos de la capital aragonesa, MasLibres.org inició hace unos días una recogida de firmas para impedir la «expropiación de la catedral de la Seo». En poco más de dos semanas la campaña, situada en la plataforma CitizenGo.org ha conseguido 76.000 adhesiones.

No obstante, desde el Ayuntamiento de Zaragoza manifiestan que «no entran a valorar esta recogida de firmas pues el texto sobre el que se apoya la petición está lleno de errores, como por ejemplo en el término expropiación, que está totalmente alejado de lo que es una anulación de inmatriculación». También afirman que esta próxima semana el equipo de Gobierno del consistorio estudiará un informe que ha solicitado a los servicios de asesoría jurídica.

En él, los técnicos examinan las vías posibles para iniciar un proceso judicial y solicitar la anulación de la inmatriculación de la catedral de la Seo y la iglesia de la Magdalena. Aunque el informe todavía no está finalizado, las mismas fuentes municipales aseguran que en el caso de que el gobierno lo apruebe, se iniciarán los trámites oportunos para que la titularidad de los dos templos, y por lo tanto las propiedades, sean de dominio público.

También hay una recogida de firmas para apoyar la iniciativa municipal, desde las asociaciones vecinales de Lanuza-Casco Viejo y Calle y Libertad y el Movimiento Hacia Un Estado Laico (MHUEL). Iniciaron la semana pasada una encuesta para consultar a los vecinos posibles usos alternativos del templo de la Magdalena.

Estos colectivos argumentan su reivindicación sobre el hecho de que las inmatriculaciones se llevaron a cabo antes de la reforma de la Ley Hipotecaria de 1998, en que se permitía la inscripción de bienes inmuebles dedicados al culto. La iglesia de la Magdalena fue inscrita en el Registro de la Propiedad a nombre de la parroquia en 1987 y la Catedral de la Seo en 1988 por el arzobispo Elías Yanes. Y pudo realizarse al amparo de la potestad que otorgaba a los obispos la Ley Hipotecaria de 1946 como fedatarios públicos para inscribir bienes únicamente con su certificado sin aportar otro título de propiedad.

Por su parte, la plataforma MasLibres.org destaca en el texto de su recogida de firmas que iniciar ese proceso «no es más que una tapadera para encubrir un intento de expropiación por motivos meramente ideológicos y partidistas, contra los derechos de los creyentes». Pero desde el ayuntamiento insisten en que la demanda se refiere solo a la titularidad y no cuestionan en ningún momento los usos religiosos de los templos, que continuarían realizándose como siempre.