Comisiones Obreras (CCOO) criticó ayer el reparto de ayudas a la dependencia en Aragón. Según el sindicato, la DGA destina un 61% de la dotación económica de este servicio se destina a las familias, frente al 18% que reciben los asistentes profesionales. A juicio de la organización, un mayor porcentaje de inversión en particulares no beneficia a las personas dependientes.
En este sentido, indicaron representantes del sindicato, Aragón es una de las peores comunidades de España. La media nacional sitúa la inversión en atención profesionalizada en un 48%. "Existe un desinterés en desarrollar la ley", señaló Luis Álvarez, representante nacional del Área de Negociación Colectiva de la Federación Estatal de Sanidad y Sectores Sociosanitarios. Según Álvarez, la designación de recursos a las familias impide realizar un control más pormenorizado de la eficiencia de la inversión.
"Se necesita un servicio profesional", sostuvo Rafael López, coordinador de política sindical de la Federación Estatal de Actividades Diversas. "No hay que dar el dinero a las familias", añadió, "porque no podemos volver a la economía sumergida en este sector". Para López, la subvención directa a los familiares de personas dependientes obedece "a una compra de votos en vez de potenciar los servicios". Algo que, a su juicio, no era el objetivo de la ley de dependencia.
Ambos acudieron a Zaragoza para transmitir a las respectivas federaciones autonómicas la decisión de interponer una demanda en la Audiencia Nacional contra los empresarios del sector de la dependencia. Acusan a la patronal de no cumplir el convenio negociado el pasado abril, en el que se obliga a un incremento del salario del 2'4%. "No quieren pagar el convenio", indicó Álvarez. "Algunos empresarios están dispuestos, pero otros no. Y así es imposible llegar a un acuerdo", sentenció su compañero.
