Chunta Aragonesista ha presentado una proposición no de ley para que las Cortes muestren su apoyo a los pueblos afectados por embalses, ante la decisión del Gobierno de España de considerar que en este caso no cabe hablar de restituciones puesto que no existe afección a un territorio.

En una nota de prensa, CHA recuerda que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno de España ha considerado que el decreto 48/2016 del ejecutivo autonómico sobre las restituciones territoriales por la construcción de pantanos "no se adecúa al orden constitucional de distribución de competencias entre la Comunidad Autónoma de Aragón y el Estado".

El decreto aragonés fija que, a través del oportuno convenio con la Administración General del Estado, los rendimientos que obtenga el organismo de cuenca de la explotación de aprovechamientos hidroeléctricos se destinarán a la restitución económica, medioambiental y social de los municipios afectados por la ubicación en sus territorios de estas obras e instalaciones.

Pero el Gobierno de España considera que "no cabe hablar de territorios afectados a los que deba restituirse algo, pues ello implicaría, por un lado, que existe una afección a un territorio, cuando tales terrenos, no territorios, o bien son dominio público hidráulico o bien se han incorporado al dominio, fruto del debido procedimiento de expropiación forzosa"

"Es decir, no se puede considerar que los municipios en que se hayan instalado explotaciones hidroeléctricas se vean afectados", considera el Estado.

Estas afirmaciones son, para CHA, muy graves, y dejan a los municipios del Pirineo y a todos los de la cuenca del Ebro en Aragón "sin el legítimo derecho a recibir restituciones por obras hidroeléctricas".

El portavoz de CHA, Gregorio Briz, lamenta este "requerimiento ideológico" que niega las afecciones de las obras hidráulicas y que pretende que los ingresos vayan a "una caja única" para que la Confederación Hidrográfica del Ebro decida dónde quiere invertirlas.

Por eso, CHA ha presentado una iniciativa para que las Cortes apoyen al Gobierno de Aragón en las acciones destinadas a conseguir la restitución económica, medioambiental y social de los municipios afectados.

También pide la puesta en marcha de medidas destinadas a la restitución con el objetivo de que los rendimientos que obtenga el organismo de cuenca, procedentes de la explotación de aprovechamientos hidroeléctricos (previa extinción o no de derechos concesionales de terceros) o de las reservas de energía, se destinen a la restitución.