Coger caracoles es una actividad al margen de la ley. Lo dice una respuesta parlamentaria de la consejera de Sanidad, Luisa María Noeno, al diputado de CHA Salvador Ariste. Y va a ser, junto con la comercialización y la regulación del sector, el tema central del seminario científico-técnico Usos tradicionales del medio natural y desarrollo rural sostenible: aprovechamientos helicícolas , que se celebra hoy y mañana en Beceite.
El documento señala que, si bien "las cesiones de pequeñas cantidades de caracoles desde el recolector al comprador ocasional" quedan fuera de la normativa al ser "actividades marginales", la ley de Conservación de la Naturaleza es tajante: prohibe "dar muerte, dañar, molestar o inquietar intencionadamente a los animales silvestres, (...) incluyendo su captura en vivo y la recolección de sus huevos o crías". De hecho, recoger caracoles para destinarlos al consumo humano no doméstico requeriría una autorización de la DGA o el Gobierno central y siempre por situaciones excepcionales: cuando el gasterópodo pueda resultar perjudicial para el ser humano, la flora, la fauna o la calidad de las aguas, o bien por motivos científicos o conservacionistas. Ante la "ambigüedad" de las excepciones, Noeno señala que "debería pronunciarse" el Departamento de Medio Ambiente.
Ramón Alvarez, vocal de la Sociedad Española de Malecología, explica que "el caracol, el único invertebrado que se consume en España, es un animal protegido como silvestre. Y hay un vacío en la regulación de su recolección y comercialización. No pedimos prohibir su captura, sino regularla de forma sostenible, con vedas y requisitos de calidad".
"Todo el caracol que se consume es ilegal, y su comercialización queda fuera de controles ambientales, sanitarios y fiscales", añade. De hecho, la ilegalidad de la recolección impide en Aragón regular su producción y comercialización. Alvarez apunta a las normas gallegas sobre el marisqueo como modelo.
ECONOMIA SUMERGIDA Sin embargo, su consumo es común en buena parte de la Península Ibérica. En Aragón es frecuente en toda la zona oriental, donde suele aparecer en las cartas de los restaurantes y es el centro de algunas fiestas populares. También es un componente de la economía sumergida: muchas familias complementan con su venta los escuálidos ingresos de sus pensiones.
El comercio del caracol puede mover en Aragón entre cuatro y ocho millones de euros anuales. Estudios efectuados en países europeos sitúan el consumo de género comercializado --no incluye el autoconsumo familiar-- en medio kilo anual por persona, lo que supondría en torno a las 650 toneladas cada doce meses en la comunidad.
La única autonomía que ha comenzado a estudiar la problemática de la recolección, producción y comercialización del caracol silvestre es la Junta de Andalucía, aunque todavía no tiene una normativa.
Por otro lado, en Aragón únicamnete hay un establecimiento autorizado por Sanidad para la comercialización de caracoles e inscrito en el Registro General Sanitario.
