El consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, se ha mostrado hoy "encantado" con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que rebaja en casi 39 millones la deuda que Transportes Urbanos de Zaragoza (TUZSA) reclamaba al ayuntamiento de la ciudad.

Y lo está porque, además de afectar al Ayuntamiento de Zaragoza, la sentencia, puede beneficiar a todas las instituciones aragonesas, ha dicho en declaraciones a los medios Gimeno, quien la legislatura pasada fue responsable de Economía y Hacienda del equipo de gobierno municipal socialista.

La sentencia anula el acuerdo del gobierno municipal socialista de junio de 2010 por el que se aprobó la revisión de precios de 2009 y, en lugar de pagar los 45 millones que la contrata reclama, el pago será de entre 11 y 15, según ha explicado hoy el consejero de Economía de Zaragoza en Común, Fernando Rivarés.

Gimeno ha recordado que en esa línea iba el informe que elaboró la Universidad de Zaragoza para el ayuntamiento en el que se aseguraba que, en función de la ley de contratos de 2007, los acuerdos salariales de los trabajadores de las concesionarias "no se podían repercutir en los precios de las contratas", como sucedió en el caso de Tuzsa.

"Para las empresas y los sindicatos es fácil llegar a un acuerdo si el que lo va a pagar es otro", ha enfatizado.

Es una cuestión importante y la "noticia financiera más importante" para el Ayuntamiento de Zaragoza en muchos años, ha dicho Gimeno, porque no tendrá la obligación de pagar 40 millones de euros, sino una cantidad aún por concretar.

También se ha mostrado convencido de que el equipo de gobierno "estará encantado", al igual que el grupo socialista, ha vaticinado.

Lo que dice la sentencia es que lo que subieron los salarios que no lo paguen los ciudadanos de Zaragoza, ha explicado el consejero, quien ha dicho que ahora todas las administraciones "van a poder empezar a revisar" los contratos en los que se han aplicado subidas salariales, "siempre y cuando estén en plazo legal para reclamarlo".

Aún no se ha hecho un análisis de lo que puede suponer para la administración autonómica esta sentencia y los precedentes que puede sentar, pero Gimeno ha vaticinado que podría afectar a las contratas municipales y de las diputaciones provinciales.

Por otro lado, ha considerado una "barbaridad" la sentencia del Tribunal Supremo que anula otra anterior del TSJA y que obliga a pagar 7,3 millones de euros a la sociedad deportiva Tirón Pichón por la expropiación de unos 12.000 metros cuadrados para el plan de riberas ejecutado con motivo de la Expo 2008.

La sentencia del Supremo eleva de 2,3 a 9,6 millones de euros el valor de la expropiación al tener en cuenta criterios de edificabilidad que no se aplicaron en un primer momento.

Pero Gimeno se ha preguntado por si alguien puede pensar que "se puede poner una vivienda" en esos terrenos, una zona de "inundación continua", y eso es algo que sabía el TSJA pero no el Supremo, cuyos miembros, ha dicho, habrían tomado "otra decisión" si vivieran en Zaragoza y pasearan por las riberas.

Hacer pagar ese suelo a precio de suelo edificable es para el consejero "un poco fuerte" y por eso ha instado a los miembros del Supremo a que vengan a "pasear por la orilla" y mediten sobre lo que han decidido.

No obstante, ha reconocido que la ley es la ley y que ésta, y el estado de derecho, la defienden los jueces.