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LA EJECUCIÓN SUBSIDIARIA DE LA DEMOLICIÓN EN AVENIDA CATALUÑA

El consistorio reclama 300.000 € por derribar Opel Iglesias

El concesionario se niega por el nulo trámite y por el precio

 

F. MANTECÓN ZARAGOZA
24/11/2017

En julio del año pasado, el Ayuntamiento de Zaragoza acometió el derribo de las antiguas instalaciones del concesionario Opel Iglesias de la avenida Cataluña, después de una larga temporada de quejas vecinales por el vandalismo y el abandono del local.

Ante las reiteradas peticiones desatendidas a los propietarios, Santander Leasing y Eurobifi –del Grupo Iglesias– de que tomasen medidas, finalmente optaron por la ejecución subsidiaria, esto es, acometer la obra y pasar la factura después. Pero el coste de esta actuación se disparó hasta los 297.000 euros, cantidad que al menos la empresa del Grupo Iglesias (a la que corresponderían 192.500 euros del total) no está dispuesta a sufragar.

El juicio por esta cuestión iba a celebrarse ayer en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Zaragoza, pero fue aplazado de mutuo acuerdo al faltar documentación que aportar.

Inicialmente, los administradores concursales de Eurobifi se oponen al pago de semejante cantidad, que iría en perjuicio de los acreedores que tiene la empresa, en fase de liquidación.

Argumentan, en primer lugar, que los daños que sufrió el concesionario abandonado (que en su día costó tres millones de euros y recibió el premio Ricardo Magdalena) fueron fruto del vandalismo, que fue oportunamente denunciado.

En cualquier caso, no discuten que no se atendiera a los requerimientos de vallar y adecentar el inmueble (sobre todo por su precaria situación económica), y por tanto la ejecución subsidiaria es legítima. Pero no tal como se hizo.

Porque, según exponen en la demanda, antes de haber procedido a esta ejecución se debería haber declarado el estado de ruina, trámite que no se hizo, sino que el mismo día que el consistorio giró una visita de inspección al inmueble, se firmó la ejecución subsidiaria.

Esta se adjudicó a una empresa y finalmente supuso un importe que consideran desorbitado. Como muestra, citan una prueba pericial de la empresa del Santander que, en su parte de responsabilidad (y para una anterior reclamación administrativa), valoraba la obra en 49.500 euros, menos de la mitad de los 105.000 que le reclaman.

Entienden, en definitiva, que no estaba justificada la actuación de emergencia, sin tramitración adecuada y con un valor que no ven justificado.

Aragoneses del Año 2018

Revista editada el martes 8 de mayo con motivo de la entrega de los galardones Aragoneses del Año.