El Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) tiene tan solo 24 días para decidir cómo evitar la demolición de Averly o conceder la licencia. Es el tiempo del que disponen los técnicos municipales para encontrar la clave que evite tener que dar el visto bueno al derribo de la factoría. Aunque ayer el responsable de Urbanismo, Pablo Muñoz, aseguró que existe una solución jurídica que lo logre. En los próximos días anunciará la medida que lo permita, aseveró, "sin poner ni un duro y sin perjudicar los derechos de la propiedad".
No adelantó nada más, solo su compromiso ante el pleno municipal que se celebró ayer. Según Muñoz, con estos elementos se podrá conseguir el apoyo del resto de grupos municipales para lograr su objetivo. En caso contrario, "si se decide que no vale la pena", no les quedará más remedio que "conceder la licencia de derribo". Muñoz lanzó el anuncio durante el debate de una moción de urgencia sobre la factoría después de que el juez del TSJA acusara a ZeC de "fraude procesal" por la presentación de una petición de suspender de forma cautelar el derribo.
INFORME AMBIENTAL La cuenta atrás sigue su curso mientras el dueño del suelo, la empresa Brial, acaba de superar el último escollo que tenía. Se trata del tratamiento de unos terrenos que están contaminados, con altas concentraciones de hierro, aluminio, cobre, níquel y benzopireno, además de amianto en algunas estructuras que deberán retirar en las naves no catalogadas a demoler. Unos índices que, desde la Dirección General de Sostenibilidad del Gobierno aragonés, se han considerado "aceptables" para seguir adelante con la licencia. Con las pertinentes prescripciones a las que sujeta su concesión, como la información que en todo momento deben facilitar sobre la tierra a retirar para que les indiquen en qué vertedero depositarla. Visto bueno que la Agencia de Medio Ambiente municipal ha incorporado al expediente de la licencia.
También dio su visto bueno la Dirección General de Trabajo del Ejecutivo autonómico, en referencia a la presencia de amianto, a condición de que se emita "un plan de trabajo para llevar a cabo el desmontaje".
